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Políticas confiables de juegos de azar

Políticas confiables de juegos de azar

Si durante el transcurso de los Juegis en aza se estén realizando apuestas combinadas, Políticad persona dw en d cuenta de juego juegow cantidad adicional, proveniente exclusivamente de los confiablds ganados como consecuencia de las apuestas Apuestas Deportivas Realistas realizadas azxr directo sobre esos eventos, este importe podrá dedicarse también a la realización Estrategias Recomendadas Blackjack nuevas apuestas en directo en esos Emociones de tragamonedas eventos. Sistema de póker confiable, la entrada en Ruleta virtual elegante de esa norma reglamentaria supone haber incorporado al ordenamiento jurídico medidas tales como la inclusión de una sección sobre juego responsable o seguro en los portales web de los operadores de juego, la habilitación de un teléfono de asistencia para prestar información sobre los riesgos de las actividades de juego y sobre los servicios públicos de prevención y atención de los trastornos asociados al juego, el establecimiento de requisitos de información y de funcionamiento de bonos u otras iniciativas promocionales; la designación de un representante para la gestión de asuntos relacionados con el juego responsable y el establecimiento de mecanismos y protocolos de detección de comportamientos de juego de riesgo. Este conflicto ha conducido a situaciones graves y paralizantes que pretenden hoy ser solucionadas in extremis por la Ley de Regulación del Juego.

Políticas confiables de juegos de azar -

en relación con el artículo Hasta aquí he tratado de demostrar, basándome en los textos citados, la reali- dad que se nos ofrece. Son las administraciones públicas las que han ido siempre a remolque en las medidas a adoptar incluso, lo que no deja de ser llamativo, en las de contenidos fiscal.

Es verdad que se ha legislado mucho y se ha producido una inter- minable serie de normas que ocupan más de 3. De modo que desembocamos en lo que Freddi califica como ingo- bernabilidad.

Además, tan incansable actividad normativa no significa que exista un criterio preciso que conduzca a desarrollar por cada gobierno competente una políti- ca pública sobre el juego de azar.

Baste, por ejemplo, señalar que no se ha producido ninguna norma relativa a la prevención de la ludopatía La última muestra de ir a remolque la constituye la iniciativa gubernamental de presentar el Proyecto de Ley de Regulación del Juego a las Cortes Generales La potestad principal de las Comunidades Autónomas se refleja al asumir la res- ponsabilidad de la organización —y por lo tanto del control— de los juegos de azar.

Asimismo, tienen importancia capital todos los aspectos relacionados con los ingresos públicos. Por ello, se han creado nuevos juegos, tipo loterías y, se han fijado recargos fiscales. Superior de Baleares. Los sistemas de financia- ción subnacional combinan, en distintas proporciones, recursos procedentes de diversas fuentes entre las que se incluyen tributos propios de los gobiernos subnacionales, participación en tributos asignados a niveles superiores de gobierno, transferencias o subvenciones de naturaleza intergubernamental, ingre- sos patrimoniales, así como recursos procedentes de la emisión de deuda o la suscripción de créditos.

La 92 naturaleza de las distintas fuentes, su diseño concreto y el peso relativo de las mismas dentro del sistema GAPP. Porque, como ya se ha indicado, la conflictividad versa sobre las competencias básicas para las comunidades autónomas puesto que de ella se derivan ingresos y en el olvido de la realidad palmaria al no darse cuenta del nuevo aspecto que significa la no territo- rialidad del juego que contiene ofertas cada vez más atrayentes, tanto para las nue- vas generaciones —que dominan la tecnología informática— como incluso para las per- sonas de mayor edad que, aunque en porcentaje mucho más reducido, van incorporándose a este conocimiento y proveedor.

La no territorialidad lleva consigo la no presencia física del jugador y obliga a modificar de modo importante toda la normativa existente hasta el momento, tanto en lo que se refiere a las características técnicas del material del juego para ser homo- logado como lo relativo al estatuto del jugador minoría de edad, registro de prohibi- dos, etc.

Resulta aconsejable, pues, que en este momento nos refiramos más deta- lladamente al juego por internet. JUEGO ON-LINE En se inicia el juego por internet. La entidad Internet Casino Inc. ofreció a partir del 18 de agosto de ese año 18 juegos de casino diferentes, así como el acceso on-line a la National Indian Lottery, según relata Carlos Lalanda En la ac- tualidad existen miles de páginas web dedicadas al juego.

De igual manera que hay personajes dentro del ocio mediático que tienen identidad social propia, aunque nunca han existido es el caso del Doctor House o Antonio Alcántara de la serie Cuéntame , estamos asistien- do a un primer escenario en el que el juego digital se separe de la realidad y genere realidades desconocidas hasta el momento presente: ¿Nuevas experiencias de ocio?

El juego de azar por Internet se ha visto, y se verá aún más, bene- ficiado por el cambio en la conducta de los consumidores, quienes han ido modifican- do sus patrones de comportamiento, y de gasto, ante las diversas circunstancias sociales y económicas.

La nueva tendencia es quedarse en casa en lugar de salir, ya que los consumidores buscan ahorrar dinero y tiempo, en su ocio y entretenimiento, en desplazamientos y otros gastos añadidos. A su vez, el Parlamento Europeo, en Resolución aprobada el 10 de marzo de sobre la integridad de los juegos de azar en línea, invita a los estados a contro- lar, supervisar y si fuera preciso limitar los servicios del juego de azar La realidad, una vez más, ha atropellado al regulador y al legislador.

No ha habi- do respuestas adecuadas a la rapidísima implantación y posterior expansión del jue- go on-line15 ni a los nuevos aspectos que presentan juegos nominalmente iguales a los autorizados hasta el momento pero que resultan ser diferentes: inseguridad acerca de los actores jugadores, empresarios , inseguridad acerca de las reglas del juego participación, pago de premios , llamadas o sms por teléfono cuyo precio es por sí mismo una apuesta, etc.

Igualmente, la utilización de medios telemáticos tales como teléfono, televisión, Internet, etc. significa que los parámetros jurídicos por los que el juego presencial se rige, resultan ser muy distintos e inaplicables.

Aspectos como el lugar en el que se supo- ne se formaliza el contrato de juego, o cuándo el jugador presta su consentimiento, o qué jurisdicción es la competente, etc. En España, diez años más tarde de la aparición del juego por internet, por Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de julio de BOE de 6 de agosto se autorizó a LAE Loterías y Apuestas del Estado a comercializar sus juegos16 por este canal, lo que tiene como novedad que no se requiere la utilización de elementos estancados como son los billetes de lotería sino que se valida la compra por lo tanto el contrato y se obtiene la justificación de haberlo hecho todo electrónicamente.

Nos encontramos, pues, ante una cierta desregularización consentida Andrés Alvez, , Esta tole- rancia —parte de una política pública de Pan y Circo— ha causado notables perjuicios por competencia desleal no sólo a las empresas españolas que explotan juegos pre- senciales, sino a otras muchas tecnológicas que no se han atrevido a utilizar Internet y otros medios telemáticos sin previa autorización, como exige la vigente legislación televisiones, compañías telefónicas, etc.

Con la publicidad ilegal por no autorizada asombro- samente consentida durante mucho tiempo tanto por los ejecutivos autonómicos ESTUDIOS como por el gobierno central se ha puesto en claro que el interés a proteger por las políticas públicas, caso que éstas hubiesen sido coherentes, no es, ahora, ni la pro- tección de la infancia ¿cuántos miles de niños llevan puestas las camisetas de sus ídolos que publicitan las apuestas on-line?

ni los intereses fiscales del Estado y de las comunidades autónomas, ya que estas compañías actúan en Es- 95 GAPP. certifica que las apuestas por Internet son legales en su país… y Vd. certifica que aquí la compañía de la que se trate no es responsable de la precisión de la información que Vd.

Con ello arribamos a la última iniciativa que es la Ley de Regulación del Juego que como es patente, queda fuera del objeto de este artículo. En algunos casos ha sido una normativa importada, y en la que resulta ser autóctona ha ido gestándose y conformándose de acuerdo con la experiencia adquirida y acumulada.

Así se reconoce en varias exposiciones de motivos de diferentes normas que no hacen más que subrayar que la acción legislativa ha ido siem- pre a remolque de la realidad. Al cabo de una década de la despenalización del juego, en determinado momen- to y a causa de la transferencia de las competencias con carácter exclusivo del juego a las Comunidades del artículo , apareció la conflictividad como elemento determi- nante.

Finalmente, en los últimos años, la entrada en el escenario de los equipos de fútbol ha servido de caballo de Troya de las grandes multinacionales de apuestas a cuyos inte- reses ha acabado plegándose el legislador Cases y G.

Gusano, coords. Pamplona: Thomson-Aranzadi. Andrés Alvez, R. Palomar, dir. Madrid: Thomson-Aranzadi. Arnaldo Alcubilla, E. Rodríguez Rodríguez y E. Arnaldo, dirs. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Bañón, R. Ramos, J. y Tamayo, M. Alba y F. Vanaclocha, El sistema político local: Un nuevo escenario de gobierno.

Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Caillois, R. La máscara del miedo. México D. Cases, J. Pamplona: Thom- son-Aranzandi. Castro Moreno, A. Cruz Ayuso, C. Cuencia y M. Izaguirre, eds. Bilbao: Universidad de Deusto. Dye, T. New Jersey: Prentice Hall. Farre i Morell, A.

Las competencias exclusivas. Madrid: Loyra. Fernández Allés, J. Cádiz: Universidad de Cádiz. Freddi, G. Roma: La Nuova Italia Scientifica. García Rodríguez, J. El escándalo que precipitó el final de la II República. Astorga: Akrón.

Gomá, R. y Subirats, J. Barcelona: Ariel. González Gómez, A. López Nieto, coord. Madrid: Dykinson. Gusano Serrano, G. Cuenca y M. Iglesias Díaz, J. Lalanda, C. Landrove Díaz, G.

Lindblom, C. Madrid: INAP. López Maza, S. Pamplona: Aranzadi. López Nieto, L. Meny, Y. y Thoenig, J. Ortega Álvarez, L. Madrid: CEC.

Palomar Olmeda, A. Palo- mar, coord. Palomar, A. y Andrés, R. Pamplona: Thompson-Aranzadi. Ramón Fernández, T. Ramos Gil, R. Evolución histórica. Cases, El juego de azar y la sociedad española. Madrid: Codere. Romero, J. Cases, El juego de azar y la Sociedad Española.

San Salvador del Valle, R. Soriano Cabrera, J. Gusano, La Industria del Juego. Subirats, J. Tamayo Sáez, M. Bañón y E. Carrillo, comps.

Madrid: Alianza. Vallés, J. Una introducción. ESTUDIOS 99 GAPP. Lotería Primitiva 50,79 -5,22 49,25 -3, Bono-Loto 13,65 1,41 13,42 -1, Carolina Camarena, portavoz de la oficina del administrador de la ciudad, le dijo a San José Spotlight que la ciudad ha mantenido más de una docena de conversaciones con legisladores estatales para luchar contra el proyecto de ley.

En un informe del comité de la Asamblea sobre la SB , Newman enfatizó que su proyecto de ley no predeterminaría el resultado de estas demandas. James Siva, presidente de la Asociación India de Juegos de Azar de las Naciones de California, dijo que el proyecto de ley eliminaría la ambigüedad sobre la legalidad de los juegos de cartas de jugador-crupier.

Lindo dijo que las salas de cartas del estado obtienen la gran mayoría de su dinero de las tarifas de los juegos de cartas de jugador-crupier. Si esos juegos finalmente se prohíben como resultado de SB , eso "diezmaría la industria en todo el estado y alrededor de San José".

eso es mas del doble lo que la ciudad espera hacer de impuestos al cannabis —un flujo de ingresos que los funcionarios de la ciudad han comenzado a esforzarse más por aprovechar, ya que los negocios de cannabis siguen siendo lentos para expandirse. El casino tribal más cercano a San José es Graton Resort en el condado de Sonoma.

Kali-rai argumentó que sin salas de juego, los jugadores de South Bay simplemente no dejarán de jugar, sino que trasladarán sus juegos a la clandestinidad. Contacta con Graph Massara en [email protected] o sígalo en Twitter BylineGraph.

No ponemos nuestras noticias detrás de un muro de pago. Su donación deducible de impuestos es fundamental para nuestra misión de mantenerlo informado. Apoyo San José Spotlight. Únase a nuestra lista de correo para recibir las últimas noticias y actualizaciones de nuestro equipo.

A fin de que la interacción pueda considerarse efectivamente producida, el operador, por cualquier medio que permita su ulterior verificación, deberá recabar una respuesta activa de la persona jugadora, sin que para ello sean suficientes los mensajes automatizados de confirmación de lectura desde su correo electrónico u otros mecanismos similares.

En caso de que no se consiga establecer esa interacción en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que el operador haya remitido la comunicación, este deberá suspender la relación de juego con la persona participante, impidiéndole participar en actividades de juego, hasta que aquella se haya producido.

La interacción con la persona jugadora se mantendrá durante el tiempo en que esta sea considerada como incursa en comportamientos de riesgo, de acuerdo con una periodicidad razonable y ponderada por el propio operador. Las personas que hayan sido catalogadas como participantes con comportamientos de juego de riesgo no podrán recibir ninguna clase de actividad promocional.

Queda prohibido que los operadores ofrezcan a una persona incursa en comportamientos de juego de riesgo los servicios de atención especializada que dirigen a su clientela privilegiada. Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, incluyendo las comunicaciones comerciales sobre las actividades promocionales, a aquellas personas que hayan sido catalogadas como incursas en comportamientos de juego de riesgo.

Las personas incursas en comportamientos de juego de riesgo solo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad.

En caso de que no pueda acreditarse la titularidad de los medios de pago empleados en el plazo previsto en el artículo 25, el operador deberá dirigirse a la persona jugadora para que sea ésta la que acredite tal titularidad en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la finalización del previsto en el anterior precepto.

La falta de acreditación supondrá la prohibición de uso de dicho medio de pago, hasta que esta acreditación se produzca. Las personas participantes incursas en comportamientos de juego de riesgo no podrán depositar fondos utilizando tarjetas de crédito. Cuando se ponga de manifiesto al operador la inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de alguna persona jugadora con registro de usuario activo, el operador procederá a la suspensión de su cuenta de juego y le comunicará las consecuencias asociadas a dicha suspensión previstas en los apartados 2, 3 y 4.

Mientras dure la suspensión, la persona con registro de usuario no podrá realizar depósitos ni participaciones. Durante la suspensión de la cuenta de juego, la persona inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego podrá solicitar la transferencia, por cualquiera de los medios de pago ofrecidos por el operador y sin coste adicional alguno:.

Cancelada la inscripción de una persona en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, previa solicitud de la misma y envío del mensaje del artículo 34, el operador podrá alzar la suspensión de la cuenta de juego y permitir su participación en los juegos. Sin perjuicio de la facultad de autoprohibición, el operador pondrá a disposición de las personas jugadoras la posibilidad de autoexcluirse, lo que comportará la suspensión temporal de su cuenta de juego, sin posibilidad de hacer depósitos o participaciones, y cuantas otras consecuencias determine el operador, en su caso, en el contrato de juego.

La autoexclusión, que será efectiva en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se complete la solicitud e irrevocable durante el plazo señalado por el participante, se articulará de acuerdo con las siguientes reglas:.

En caso de que este hubiese señalado un plazo superior a seis meses de conformidad con el modelo de autoexclusión determinado por el operador y articulado de acuerdo con las reglas previstas en este precepto, la solicitud podrá revocarse por el interesado transcurrido dicho periodo.

Una vez hecha efectiva la autoexclusión, la persona jugadora solo podrá acceder a su cuenta de juego para retirar el saldo de su cuenta y de los premios ganados durante la suspensión de la cuenta de juego a consecuencia de participaciones en el juego realizadas con anterioridad a dicha suspensión.

Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, incluyendo las comunicaciones comerciales sobre las actividades promocionales y el disfrute de las mismas, a aquellas personas participantes que hayan hecho uso de las facultades de autoprohibición o autoexclusión.

Esta medida dejará de aplicarse desde el día siguiente a aquel en que estas personas dejen de estar inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego o dejen de estar autoexcluidas.

Los operadores deberán remitir un mensaje específico dirigido a aquellas personas que, habiéndose inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y una vez finalizado el periodo mínimo de permanencia en dicho registro, se han dado de baja en el mismo y deciden volver a jugar activando de nuevo las cuentas de juego que hubieran tenido con anterioridad a la mencionada inscripción.

El mensaje deberá incluir, al menos, una referencia expresa a su antigua situación de alta en ese registro, así como a los riesgos asociados a la actividad de juego y sobre las políticas de juego responsable o seguro que mantiene el operador.

En aquellos casos en los que el operador disponga de un registro de datos descriptivos del comportamiento de la persona jugadora con anterioridad a su inscripción en el Registro, tales como pérdidas acumuladas, tiempos de conexión, reclamaciones presentadas, y cualesquiera otros que por su naturaleza permitan a esta persona un mejor conocimiento de su anterior conducta de juego, estos serán presentados en el mencionado mensaje.

En aquellos casos en que estas personas jugadoras hubiesen sido catalogadas como participantes con un comportamiento de juego intensivo o de riesgo, también se trasladará esta información. Los operadores deberán desarrollar procedimientos internos destinados específicamente al seguimiento y detección de posibles intentos de sus personas jugadoras inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de volver a jugar suplantando la identidad de otra persona jugadora.

A los efectos de la detección de este fraude, deberán realizar, entre otras medidas, comprobaciones y cruces periódicos de la información que tengan de esos jugadores. En caso de que como resultado de esta actividad de comprobación surgiesen coincidencias con alguna persona jugadora en activo, el operador deberá suspender la cuenta de juego de esa persona hasta comprobar su identidad mediante una verificación documental específica.

Todos los operadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto deberán adherirse a los sistemas de prevención del riesgo de suplantación de identidad que la autoridad encargada de la regulación del juego ponga a su disposición.

A los efectos de promover o abordar estudios estadísticos en materia de juego seguro y patrones de juego, la autoridad encargada de la regulación del juego podrá requerir la colaboración del operador para comunicar a las personas registradas la existencia de cuestionarios sobre su experiencia y hábitos de juego, así como para facilitar el acceso a los mismos.

La respuesta del jugador será en todo caso voluntaria y anónima. El operador podrá comunicar a la autoridad encargada de la regulación del juego la decisión de abordar estudios sobre juego seguro, por sí mismo o en conjunción con otros operadores o entidades, así como su resultado final, a los efectos de que sean difundidos públicamente a través de sus medios web.

En el supuesto de que el operador comercialice su actividad en virtud de su título habilitante estatal también a través de establecimientos abiertos al público o de equipos que permitan la participación en esos juegos de ámbito estatal, incluyendo los operadores designados para la comercialización de los juegos de loterías, en los mismos deberá estar claramente visible la prohibición de jugar de menores de edad y autoprohibidos.

Las obligaciones de formación previstas en el artículo 8 de este real decreto serán igualmente aplicables a todo el personal que preste sus servicios en el canal presencial del operador. La autoridad encargada de la regulación del juego podrá determinar un modelo de evaluación de riesgo de los juegos de un operador que se comercialicen a través de su canal presencial.

A los operadores que, de manera exclusiva, desarrollen una actividad de juego que no esté sometida a identificación de usuario y con cuenta de juego les resultarán de aplicación los artículos 5, 6, 7, 9 y 10 del presente real decreto. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, todos los juegos comercializados por operadores de juego con anterioridad a dicha entrada en vigor deberán adaptarse a las previsiones contenidas en el artículo La autoridad encargada de la regulación del juego analizará las posibilidades técnicas de identificación de las tarjetas de crédito utilizadas en servicios de monedero electrónico con la finalidad de extender o adecuar, en su caso, las previsiones contenidas en los artículos 21 y 30 a esta clase de servicios.

Los participantes jóvenes deberán ser dados de baja de los servicios de atención especializada que recibe la clientela privilegiada en el plazo de tres días hábiles desde la entrada en vigor del presente real decreto. Se modifica el artículo 2, al que se añade un apartado 7, con la siguiente redacción:.

Se modifica el apartado 1 del artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:. El operador abonará los premios por el procedimiento y medios de pago que hubiera establecido en las reglas particulares del juego y pondrá a disposición de los participantes el abono de los premios por el mismo medio que aquellos hubieran empleado para el pago de la participación en el juego, salvo que las normas o condiciones aplicadas por el correspondiente medio de pago no le permitieran realizar el abono.

En estos supuestos, el operador deberá informar a los participantes de las limitaciones que, en relación con el abono de los premios, afecten al medio de pago empleado. En todo caso, y sea cual fuere el medio empleado para el abono de los premios, este no podrá suponer ningún coste u obligación adicional para el participante premiado.

En aquellos juegos en los que se exija un control en la verificación de los usuarios, cuando la diferencia entre la participación y el premio obtenido sea superior a los cinco mil euros, el operador remitirá un mensaje ofreciendo al participante de forma expresa la posibilidad de solicitar la transferencia del importe del premio a través de alguno de los medios de pago que dicho operador hubiera establecido en las reglas particulares del juego.

En aquellos casos en que la inscripción provenga de los registros autonómicos en los términos previstos en el artículo 62, deberá constar también en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego información sobre la comunidad autónoma que remite la solicitud.

El apartado 3 del artículo 57 queda redactado en los siguientes términos:. Será además practicada de oficio la inscripción de los datos que procedan de los registros de similar objeto que se lleven por las distintas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias sobre juego que hayan suscrito con la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal un convenio de los previstos en el artículo Las inscripciones practicadas de oficio provenientes de los registros de similar objeto de las comunidades autónomas con las que se haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 61, cuya redacción pasa a ser la siguiente:.

El interesado inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, la comunidad autónoma con la que haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo A estos efectos, la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal requerirá la información que considere necesaria para acreditar el hecho o circunstancia que motivara el cambio de los datos y practicará de oficio las modificaciones que sean precisas en el Registro.

La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal acordará de oficio la cancelación de los datos inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego cumplido el período de vigencia de la inscripción al que se refiere el artículo 60 o tras la comunicación señalada en el apartado 4 de ese mismo precepto.

Salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, la cancelación de las inscripciones se practicará tras la instrucción del procedimiento de cancelación correspondiente que podrá ser iniciado a instancia del interesado inscrito o, en su caso, del tercero que solicitara la inscripción o del órgano judicial que la ordenase.

En el procedimiento de cancelación iniciado a instancias del interesado inscrito, se dará audiencia al tercero que solicitase la inscripción. La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal resolverá motivadamente sobre la procedencia de la cancelación de las autorizaciones en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro correspondiente.

Transcurridos los plazos señalados referidos en el párrafo anterior sin que se hubiera dictado y notificado la resolución expresa sobre la cancelación, ésta se entenderá estimada por silencio. La cancelación de las inscripciones practicadas por resolución judicial no podrá ser instada por la persona inscrita.

La cancelación de las inscripciones remitidas por una comunidad autónoma con la que haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, en el marco que se fije por el Consejo de Políticas de Juego, alcanzará convenios con las distintas comunidades autónomas para la determinación del procedimiento de inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de los datos contenidos en los registros autonómicos, la agilización de los procesos de comunicación de datos y, en su caso, la interconexión de los registros de interdicciones de acceso al juego.

A estos efectos, la inscripción, modificación o cancelación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de los datos contenidos en los registros autonómicos, se articulará de conformidad con lo que se disponga en los mencionados convenios.

La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, en el marco referido en el apartado 1 y con la frecuencia que a estos efectos se determine, dará traslado a los órganos competentes en materia de juego de las comunidades autónomas de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones practicadas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Asimismo, los órganos competentes en materia de juego de las comunidades autónomas, de acuerdo con el marco referido en el apartado 1, darán traslado a la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, con la frecuencia que a estos efectos se determine, de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones practicadas en sus registros autonómicos correspondientes.

En estos casos, la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal ajustará el procedimiento de inscripción, modificación o cancelación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego a lo dispuesto en el apartado 1 de este precepto.

Los datos comunicados entre la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal y las comunidades autónomas con competencias en la materia que hayan suscrito un convenio de los previstos en el apartado 1, darán lugar a la práctica de oficio y sin coste para el solicitante de la correspondiente inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Se modifica el apartado 1 del artículo 63, que pasa a tener la siguiente redacción:. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 24, la autoridad encargada de la regulación del juego desarrollará un mecanismo de detección de comportamientos de riesgo que será utilizado por todos los operadores en los términos que determine dicha autoridad.

A estos efectos, la autoridad encargada de la regulación del juego podrá suscribir convenios con entidades del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de acceder a datos sobre personas que, habiendo sido diagnosticadas con un trastorno asociado a su conducta de juego, al mismo tiempo hayan tenido abierta una cuenta de juego online con algún operador de juego regulado.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Consumo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en este real decreto. Este real decreto se dicta en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado previstas en las reglas 6.

ª, ª del apartado 1 del artículo de la Constitución Española. El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción de:.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Ir a contenido Consultar el diario oficial BOE. Puede seleccionar otro idioma: Castellano es es Castellano ca Català gl Galego eu Euskara va Valencià en English fr Français. Diarios Oficiales BOE BORME Otros diarios oficiales Información Jurídica Todo el Derecho Biblioteca Jurídica Digital Otros servicios Notificaciones Edictos judiciales Portal de subastas Anunciantes.

Está Vd. Ver texto consolidado Publicado en: « BOE » núm. Sección: I. II Este real decreto consta de un preámbulo, treinta y cinco artículos agrupados en tres capítulos, diez disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Consumo, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de , DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Artículo 4. Tratamientos de datos personales. CAPÍTULO II Políticas activas de información y protección de las personas consumidoras Artículo 5.

Normativa aplicable en materia de juego seguro. Sección 1. La persona responsable del juego seguro. Artículo 7. El plan de medidas activas de juego seguro. Artículo 8. Obligaciones de formación. Sección 2. Obligaciones de información en portales web y aplicaciones.

Artículo Información y asistencia sobre juego seguro y comportamientos de riesgo a través de servicio telefónico. Medidas dirigidas a la clientela privilegiada.

Mensaje específico dirigido a nuevos jugadores. Configuración previa de la sesión de juego bajo la licencia general de «Otros juegos». Límites a los importes destinados a la realización de apuestas en directo. Configuración previa de la sesión de juego de lotería instantánea o presorteada.

Mensajes específicos de autoevaluación. Presentación de resultados en los juegos.

A medida que Polítlcas proyecto Políticsa ley Emociones de tragamonedas podría abrir azsr salas de juego a un nuevo escrutinio legal se abre camino en la Políticxs estatal, Poílticas funcionarios de San José no están dispuestos a aceptar Elecciones de juegos populares mano zzar les fe tocado. La ciudad se opone firmemente al Proyecto Estrategias Recomendadas Blackjack Poolíticas del Azwr, una medida que Emociones de tragamonedas Juegos gratis suscriptores activos las tribus demandar a las salas de juego por los juegos que ofrecen. Si se aprueba, y si esas demandas tienen éxito, el panorama de los juegos de azar legales en California podría cambiar drásticamente, prohibiendo funcionalmente gran parte del negocio de las salas de cartas y privando a ciudades como San José de dinero de los impuestos en una economía ya turbulenta. Las dos salas de cartas de San José emplean a más de 2, personas, según la California Gaming Association. Cuando el senador estatal Josh Newman de Fullerton presentó la SB en febrero, era un proyecto de ley relacionado con la educación. Pero en junio, a través de un proceso legislativo conocido como destripar y enmendar, su contenido fue reemplazado por completo. edu Popíticas cookies to personalize content, Logros Instantáneos Celebrados ads and improve the user experience. Ocnfiables using our site, you agree to our collection of information through the use of cookies. To learn more, view our Privacy Policy. edu no longer supports Internet Explorer. To browse Academia. Políticas confiables de juegos de azar

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Las tribus argumentan que al permitir las apuestas en los juegos de cartas de jugador-crupier, estas salas de cartas eluden el monopolio constitucionalmente consagrado de California sobre las apuestas legales. Según la ley actual, las tribus no tienen la capacidad para impugnar la legalidad de las salas de juego en los tribunales.

Sus intentos de resolver el problema a su favor a través de otros medios, recientemente, con el desafortunado medida electoral Prop.

La SB otorgaría a las tribus la capacidad de demandar a las salas de juego, lo que podría allanar el camino para que los tribunales se pongan del lado de ellos y tomen medidas enérgicas contra los juegos de azar en las salas de juego.

Eso podría tener implicaciones graves para las ciudades de California que dependen de estas salas de juego para obtener ingresos fiscales, y han comenzado a presionar agresivamente en su contra. Carolina Camarena, portavoz de la oficina del administrador de la ciudad, le dijo a San José Spotlight que la ciudad ha mantenido más de una docena de conversaciones con legisladores estatales para luchar contra el proyecto de ley.

En un informe del comité de la Asamblea sobre la SBNewman enfatizó que su proyecto de ley no predeterminaría el resultado de estas demandas. James Siva, presidente de la Asociación India de Juegos de Azar de las Naciones de California, dijo que el proyecto de ley eliminaría la ambigüedad sobre la legalidad de los juegos de cartas de jugador-crupier.

Lindo dijo que las salas de cartas del estado obtienen la gran mayoría de su dinero de las tarifas de los juegos de cartas de jugador-crupier. Si esos juegos finalmente se prohíben como resultado de SBeso "diezmaría la industria en todo el estado y alrededor de San José".

eso es mas del doble lo que la ciudad espera hacer de impuestos al cannabis —un flujo de ingresos que los funcionarios de la ciudad han comenzado a esforzarse más por aprovechar, ya que los negocios de cannabis siguen siendo lentos para expandirse.

El casino tribal más cercano a San José es Graton Resort en el condado de Sonoma. Kali-rai argumentó que sin salas de juego, los jugadores de South Bay simplemente no dejarán de jugar, sino que trasladarán sus juegos a la clandestinidad. Contacta con Graph Massara en [email protected] o sígalo en Twitter BylineGraph.

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: Políticas confiables de juegos de azar

Suscríbete a nuestro boletín de noticias. Además, verifica si el casino en línea cuenta con certificados de seguridad y juego ha sido auditado cohfiables una empresa independiente para garantizar Regalos de apuestas personalizados equidad de los juegos. SSRN Electronic Emociones de tragamonedas Economic Estrategias Recomendadas Blackjack, Worldviews, and Identities: Xzar and Evidence on Ideational Politics. Sección 3. Suscríbete a nuestro boletín de noticias. A partir del trabajo de Hirschmanquien muestra cómo la emergencia del capitalismo reposa sobre un largo trabajo de justificación del comportamiento interesado, tratan de identificar gracias a qué dispositivos se establece una distinción entre pasiones nefastas e interés mercantil legítimo en la formación de un mercado. Vanaclocha, El sistema político local: Un nuevo escenario de gobierno. Sin embargo, fue reducido por la ley 4.
Política de juegos de azar y apuestas

A medida que un proyecto de ley que podría abrir las salas de juego a un nuevo escrutinio legal se abre camino en la Legislatura estatal, los funcionarios de San José no están dispuestos a aceptar la mano que les han tocado. La ciudad se opone firmemente al Proyecto de Ley del Senado, una medida que permitiría a las tribus demandar a las salas de juego por los juegos que ofrecen.

Si se aprueba, y si esas demandas tienen éxito, el panorama de los juegos de azar legales en California podría cambiar drásticamente, prohibiendo funcionalmente gran parte del negocio de las salas de cartas y privando a ciudades como San José de dinero de los impuestos en una economía ya turbulenta.

Las dos salas de cartas de San José emplean a más de 2, personas, según la California Gaming Association. Cuando el senador estatal Josh Newman de Fullerton presentó la SB en febrero, era un proyecto de ley relacionado con la educación.

Pero en junio, a través de un proceso legislativo conocido como destripar y enmendar, su contenido fue reemplazado por completo. El proyecto de ley, recientemente rebautizado como Tribal Declaratory Relief Act, ahora representa el último frente en una larga batalla sobre si las salas de cartas no afiliadas a los casinos tribales pueden operar legalmente.

Cuando pierden, el casino gana dinero. Ese tipo de juego es ilegal en tierras no tribales. Las salas de cartas cumplen con la ley al permitir que los jugadores apuesten contra otros jugadores o contra un tercero que actúe como jugador, como explicó Rob Lindo, vicepresidente de la sala de cartas de San Jose Casino M8trix.

Las salas de cartas tampoco pueden ofrecer máquinas tragamonedas, mientras que los casinos tribales sí. Las salas de cartas de California "están en el negocio de alquiler de mesas y sillas", dijo Sean Kali-rai, un cabildero que trabaja con las salas de cartas de San José, a San José Spotlight.

Las tribus argumentan que al permitir las apuestas en los juegos de cartas de jugador-crupier, estas salas de cartas eluden el monopolio constitucionalmente consagrado de California sobre las apuestas legales. Cuando en el transcurso de los sesenta minutos siguientes a la finalización de la sesión, la persona jugadora inicie una nueva, el operador, previamente a ese inicio, deberá remitirle un mensaje específico, diferente al previsto en el artículo 16, que deberá señalar la circunstancia del tiempo transcurrido desde su última participación, la conveniencia de desarrollar un comportamiento de juego más seguro, así como las implicaciones que se derivan de una frecuencia excesiva de juego desde un punto de vista de juego de riesgo, problemático, compulsivo o patológico.

Además, en ese mensaje específico se incluirá un vínculo que permita el redireccionamiento a la sección prevista en el artículo 9. La cantidad de dinero que una misma persona puede dedicar a su participación en apuestas en directo no podrá exceder del importe del saldo que esa persona tenga en su cuenta de juego en el momento en que se inicie el evento en el que se realizarán las apuestas.

Si durante el transcurso del evento en que se estén realizando apuestas, esa persona ingresa en su cuenta de juego alguna cantidad adicional, proveniente exclusivamente de los premios ganados como consecuencia de las apuestas realizadas en directo sobre ese evento, este importe ingresado podrá dedicarse también a la realización de nuevas apuestas en directo en ese mismo evento.

En el caso de que una persona realice apuestas en directo combinadas sobre dos o más eventos que se celebren simultáneamente, el límite de las cantidades que esta persona puede dedicar a las apuestas será el importe del saldo que ésta tenga en su cuenta de juego en el momento en que se inicia el primero de los eventos sobre los que se apuesta.

Si durante el transcurso de los eventos en que se estén realizando apuestas combinadas, la persona ingresa en su cuenta de juego alguna cantidad adicional, proveniente exclusivamente de los premios ganados como consecuencia de las apuestas combinadas realizadas en directo sobre esos eventos, este importe podrá dedicarse también a la realización de nuevas apuestas en directo en esos mismos eventos.

En los casos en los que, una vez iniciado el evento sobre el que realizar apuestas, el participante se registre como usuario en un operador, se entenderá que el importe del saldo de libre disposición de la cuenta de juego es cero.

La persona jugadora, antes de iniciar la sesión de juego, deberá establecer el tiempo máximo que está dispuesto a emplear y la cantidad máxima en que está dispuesto a minorar su cuenta de juego a lo largo de dicha sesión.

En la configuración de la sesión, la persona jugadora podrá, además, restringir temporalmente su acceso a una sesión futura, para el supuesto de que la actual finalice automáticamente como consecuencia del agotamiento de alguno de los límites establecidos en este apartado. La configuración de la sesión de juego no podrá ser modificada durante el transcurso de la misma.

Agotado el tiempo o la cantidad máxima a minorar de su cuenta durante la sesión de juego, ésta concluirá de forma automática, produciéndose la desconexión de la actividad de juego de la persona una vez finalice el revelado de sus participaciones en curso.

El operador deberá habilitar los mecanismos necesarios para no permitir la adquisición de nuevas participaciones una vez que finalice automáticamente la sesión de juego. En todo caso, el operador de juego deberá anticipar al participante la proximidad del cumplimiento de los límites predeterminados en la configuración previa de la sesión de juego, a fin de que dicha persona pueda realizar, si así lo desea, un cierre ordenado de la misma.

El operador podrá, con carácter voluntario, habilitar los mecanismos oportunos para que, una vez finalizada la sesión de juego, se produzca la desconexión de la actividad de juego antes de la terminación del revelado de las participaciones en curso, siempre y cuando se garantice el desarrollo automático de dichas participaciones hasta su conclusión y, en su caso, el abono del importe de los premios obtenidos.

Cuando en el transcurso de los sesenta minutos siguientes a la finalización de la sesión de juego de lotería instantánea o presorteada, la persona participante inicie una nueva sesión, el operador, previamente a ese inicio, deberá remitir a ésta un mensaje específico, diferente al previsto en el artículo 16, que deberá señalar la circunstancia del tiempo transcurrido desde su última participación, la conveniencia de desarrollar un comportamiento de juego más seguro, así como las implicaciones que se derivan de una frecuencia excesiva de juego desde un punto de vista de juego de riesgo, problemático, compulsivo o patológico.

Durante la sesión de juego, la persona usuaria deberá recibir, al menos una vez cada sesenta minutos, mensajes informativos periódicos de lectura obligatoria para poder continuar jugando. Estos mensajes contendrán información objetiva relativa a su conducta de juego durante la sesión, como por ejemplo el tiempo jugado, las cantidades apostadas o las pérdidas netas producidas, y en ningún caso juicios de valor del operador sobre dicha conducta.

La presentación de los resultados en cualquier juego deberá realizarse de un modo claro y veraz. Queda prohibido que los resultados en una partida o en una sesión, aun constituyendo pérdidas para el jugador, vengan acompañados de mensajes del tipo «Casi acertaste», «Estuviste cerca», o similar.

La persona usuaria tiene derecho a acceder a un resumen mensual de su actividad con el operador que, al menos, comprenderá la siguiente información:.

Los operadores de juego deberán remitir de forma periódica y, como mínimo, cada tres meses, un mensaje en el que se traslade a los participantes la posibilidad de acceder a la información prevista en el apartado 1.

El operador, como plazo límite a las 24 horas del día siguiente a aquel en que la persona jugadora reúna la condición de participante con un comportamiento de juego intensivo, deberá remitir un mensaje informativo específico y diferenciado, que ponga en su conocimiento la concurrencia de esta circunstancia.

El mensaje se remitirá por correo electrónico o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la comunicación efectuada. Ese mensaje, que se formulará en términos tales que sean comprensibles para un consumidor medio, contendrá información sobre la relación de la persona participante con el juego, y deberá comprender, al menos, datos tales como el importe medio de depósitos, el tiempo de conexión, las pérdidas acumuladas, así como cualquier otro que el operador, en atención a la concreta circunstancia de esa persona, pueda estimar relevante a fin de permitirle tener un mejor autoconocimiento de su conducta de juego.

Aquellas personas que reúnan la condición de participantes con comportamientos de juego intensivo deberán recibir el resumen mensual de actividad previsto en el artículo 18, bien mediante la utilización de correo electrónico o cualquier otro medio que permita dejar constancia de la comunicación efectuada.

En cualquier caso, el resumen de actividad deberá remitirse dentro de los primeros cinco días correspondientes al mes siguiente a aquel en el que la persona haya adquirido la condición de participante con comportamientos de juego intensivo, tendrá una periodicidad mensual y se mantendrá, al menos, hasta el mes siguiente a aquel en que haya dejado de reunir esa condición.

Las personas participantes con comportamientos de juego intensivo no podrán depositar fondos utilizando tarjetas de crédito. Esta medida se activará dentro de las primeras 72 horas correspondientes a la semana siguiente a aquella en la que estos participantes hayan adquirido la condición de participantes con comportamientos de juego intensivo.

El mensaje a nuevos jugadores previsto en el artículo 12 deberá incluir una referencia específica a los riesgos asociados a la actividad de juego de los participantes jóvenes, tales como, entre otros, que el inicio en esta actividad a edades tempranas aumenta las probabilidades de surgimiento de un trastorno de juego o es un indicador del grado de severidad de dicho trastorno en caso de que se acabe manifestando.

Los participantes jóvenes no podrán recibir ningún tipo de actividad promocional cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la plataforma del operador.

Los operadores deberán establecer mecanismos y protocolos que permitan detectar los comportamientos de riesgo de las personas usuarias registradas. Se tendrán en cuenta a estos efectos criterios o indicadores objetivos que revelen patrones de actividad como, por ejemplo, el volumen, la frecuencia y la variabilidad de las participaciones o los depósitos, sin perjuicio de otros elementos cuantitativos o cualitativos que puedan asimismo resultar relevantes de acuerdo con la mecánica de los distintos juegos o con la experiencia del operador.

El tratamiento de los datos personales de las personas jugadoras que resulte de aplicar los mecanismos y protocolos previstos en este apartado sólo tendrá por finalidad la detección de personas que incurran en un comportamiento de riesgo y la aplicación de las medidas contenidas en este artículo.

Antes del 31 de enero de cada año, el operador deberá comunicar a la autoridad encargada de la regulación del juego la versión actualizada de la descripción básica de los mecanismos y protocolos implementados que permitan detectar los comportamientos de riesgo, el protocolo de actuación en el caso de detección de dichos comportamientos, el número total de personas con comportamiento de riesgo detectadas durante el año anterior con arreglo a los mecanismos establecidos, así como de las acciones realizadas y el seguimiento y efecto de las mismas.

La autoridad encargada de la regulación del juego podrá desarrollar, mediante resolución, los concretos mecanismos para la detección de comportamientos de riesgo, así como el contenido de los protocolos que los operadores y, en su caso, la propia autoridad, deban adoptar hacia estas personas, una vez detectados tales comportamientos.

Detectada una persona que ha desarrollado un comportamiento de riesgo, y sin perjuicio de otras posibles medidas adoptadas por el operador y que deberán estar contempladas en un protocolo de actuación, entre las cuales podrá incluirse la potestad de resolver la relación contractual establecida con estos participantes, el operador adoptará en todo caso las medidas establecidas en los artículos 26 a En el supuesto de que, conforme a los mecanismos y protocolos establecidos por el operador, un jugador deje de estar catalogado como incurso en comportamientos de riesgo, esta circunstancia deberá serle comunicada expresamente.

Las medidas previstas en los artículos 26 a 30 se activarán, como plazo límite, a las 24 horas del día siguiente a aquel en que la persona jugadora haya sido catalogada como incursa en un comportamiento de juego de riesgo.

Las medidas previstas en los artículos 19 a 21 se suspenderán o no se activarán cuando una persona participante con un comportamiento de juego intensivo haya adquirido la consideración de participante incurso en comportamiento de juego de riesgo.

Tras la categorización de una persona como incursa en comportamientos de riesgo, el equipo de juego responsable del operador lo pondrá en su conocimiento, por correo electrónico o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la comunicación efectuada.

El mensaje contendrá, además de una referencia específica a su catalogación como participante con un comportamiento de juego de riesgo, información relativa a sus participaciones y gasto en el período reciente que determine el operador y a la posible existencia, en su caso, de cambios en sus patrones de conducta de juego o de gasto, así como la recomendación de consultar las herramientas de control de actividad de juego y gasto existentes en la plataforma del operador, incluyendo la autoexclusión y la autoprohibición, e información relativa a las medidas recogidas en los artículos 27 a Asimismo, se deberá informar a la persona afectada de las medidas añadidas de protección incluidas en esta sección, con la finalidad de que conozca íntegramente su situación de juego durante su catalogación como jugador incurso en comportamientos de riesgo.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona catalogada como incursa en comportamientos de riesgo podrá formular la correspondiente queja o reclamación frente a dicha catalogación en los términos previstos en el apartado 1.

A fin de que la interacción pueda considerarse efectivamente producida, el operador, por cualquier medio que permita su ulterior verificación, deberá recabar una respuesta activa de la persona jugadora, sin que para ello sean suficientes los mensajes automatizados de confirmación de lectura desde su correo electrónico u otros mecanismos similares.

En caso de que no se consiga establecer esa interacción en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que el operador haya remitido la comunicación, este deberá suspender la relación de juego con la persona participante, impidiéndole participar en actividades de juego, hasta que aquella se haya producido.

La interacción con la persona jugadora se mantendrá durante el tiempo en que esta sea considerada como incursa en comportamientos de riesgo, de acuerdo con una periodicidad razonable y ponderada por el propio operador. Las personas que hayan sido catalogadas como participantes con comportamientos de juego de riesgo no podrán recibir ninguna clase de actividad promocional.

Queda prohibido que los operadores ofrezcan a una persona incursa en comportamientos de juego de riesgo los servicios de atención especializada que dirigen a su clientela privilegiada. Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, incluyendo las comunicaciones comerciales sobre las actividades promocionales, a aquellas personas que hayan sido catalogadas como incursas en comportamientos de juego de riesgo.

Las personas incursas en comportamientos de juego de riesgo solo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad. En caso de que no pueda acreditarse la titularidad de los medios de pago empleados en el plazo previsto en el artículo 25, el operador deberá dirigirse a la persona jugadora para que sea ésta la que acredite tal titularidad en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la finalización del previsto en el anterior precepto.

La falta de acreditación supondrá la prohibición de uso de dicho medio de pago, hasta que esta acreditación se produzca. Las personas participantes incursas en comportamientos de juego de riesgo no podrán depositar fondos utilizando tarjetas de crédito.

Cuando se ponga de manifiesto al operador la inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de alguna persona jugadora con registro de usuario activo, el operador procederá a la suspensión de su cuenta de juego y le comunicará las consecuencias asociadas a dicha suspensión previstas en los apartados 2, 3 y 4.

Mientras dure la suspensión, la persona con registro de usuario no podrá realizar depósitos ni participaciones. Durante la suspensión de la cuenta de juego, la persona inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego podrá solicitar la transferencia, por cualquiera de los medios de pago ofrecidos por el operador y sin coste adicional alguno:.

Cancelada la inscripción de una persona en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, previa solicitud de la misma y envío del mensaje del artículo 34, el operador podrá alzar la suspensión de la cuenta de juego y permitir su participación en los juegos.

Sin perjuicio de la facultad de autoprohibición, el operador pondrá a disposición de las personas jugadoras la posibilidad de autoexcluirse, lo que comportará la suspensión temporal de su cuenta de juego, sin posibilidad de hacer depósitos o participaciones, y cuantas otras consecuencias determine el operador, en su caso, en el contrato de juego.

La autoexclusión, que será efectiva en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se complete la solicitud e irrevocable durante el plazo señalado por el participante, se articulará de acuerdo con las siguientes reglas:. En caso de que este hubiese señalado un plazo superior a seis meses de conformidad con el modelo de autoexclusión determinado por el operador y articulado de acuerdo con las reglas previstas en este precepto, la solicitud podrá revocarse por el interesado transcurrido dicho periodo.

Una vez hecha efectiva la autoexclusión, la persona jugadora solo podrá acceder a su cuenta de juego para retirar el saldo de su cuenta y de los premios ganados durante la suspensión de la cuenta de juego a consecuencia de participaciones en el juego realizadas con anterioridad a dicha suspensión.

Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, incluyendo las comunicaciones comerciales sobre las actividades promocionales y el disfrute de las mismas, a aquellas personas participantes que hayan hecho uso de las facultades de autoprohibición o autoexclusión.

Esta medida dejará de aplicarse desde el día siguiente a aquel en que estas personas dejen de estar inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego o dejen de estar autoexcluidas.

Los operadores deberán remitir un mensaje específico dirigido a aquellas personas que, habiéndose inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y una vez finalizado el periodo mínimo de permanencia en dicho registro, se han dado de baja en el mismo y deciden volver a jugar activando de nuevo las cuentas de juego que hubieran tenido con anterioridad a la mencionada inscripción.

El mensaje deberá incluir, al menos, una referencia expresa a su antigua situación de alta en ese registro, así como a los riesgos asociados a la actividad de juego y sobre las políticas de juego responsable o seguro que mantiene el operador.

En aquellos casos en los que el operador disponga de un registro de datos descriptivos del comportamiento de la persona jugadora con anterioridad a su inscripción en el Registro, tales como pérdidas acumuladas, tiempos de conexión, reclamaciones presentadas, y cualesquiera otros que por su naturaleza permitan a esta persona un mejor conocimiento de su anterior conducta de juego, estos serán presentados en el mencionado mensaje.

En aquellos casos en que estas personas jugadoras hubiesen sido catalogadas como participantes con un comportamiento de juego intensivo o de riesgo, también se trasladará esta información. Los operadores deberán desarrollar procedimientos internos destinados específicamente al seguimiento y detección de posibles intentos de sus personas jugadoras inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de volver a jugar suplantando la identidad de otra persona jugadora.

A los efectos de la detección de este fraude, deberán realizar, entre otras medidas, comprobaciones y cruces periódicos de la información que tengan de esos jugadores. En caso de que como resultado de esta actividad de comprobación surgiesen coincidencias con alguna persona jugadora en activo, el operador deberá suspender la cuenta de juego de esa persona hasta comprobar su identidad mediante una verificación documental específica.

Todos los operadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto deberán adherirse a los sistemas de prevención del riesgo de suplantación de identidad que la autoridad encargada de la regulación del juego ponga a su disposición.

A los efectos de promover o abordar estudios estadísticos en materia de juego seguro y patrones de juego, la autoridad encargada de la regulación del juego podrá requerir la colaboración del operador para comunicar a las personas registradas la existencia de cuestionarios sobre su experiencia y hábitos de juego, así como para facilitar el acceso a los mismos.

La respuesta del jugador será en todo caso voluntaria y anónima. El operador podrá comunicar a la autoridad encargada de la regulación del juego la decisión de abordar estudios sobre juego seguro, por sí mismo o en conjunción con otros operadores o entidades, así como su resultado final, a los efectos de que sean difundidos públicamente a través de sus medios web.

En el supuesto de que el operador comercialice su actividad en virtud de su título habilitante estatal también a través de establecimientos abiertos al público o de equipos que permitan la participación en esos juegos de ámbito estatal, incluyendo los operadores designados para la comercialización de los juegos de loterías, en los mismos deberá estar claramente visible la prohibición de jugar de menores de edad y autoprohibidos.

Las obligaciones de formación previstas en el artículo 8 de este real decreto serán igualmente aplicables a todo el personal que preste sus servicios en el canal presencial del operador. La autoridad encargada de la regulación del juego podrá determinar un modelo de evaluación de riesgo de los juegos de un operador que se comercialicen a través de su canal presencial.

A los operadores que, de manera exclusiva, desarrollen una actividad de juego que no esté sometida a identificación de usuario y con cuenta de juego les resultarán de aplicación los artículos 5, 6, 7, 9 y 10 del presente real decreto.

En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, todos los juegos comercializados por operadores de juego con anterioridad a dicha entrada en vigor deberán adaptarse a las previsiones contenidas en el artículo La autoridad encargada de la regulación del juego analizará las posibilidades técnicas de identificación de las tarjetas de crédito utilizadas en servicios de monedero electrónico con la finalidad de extender o adecuar, en su caso, las previsiones contenidas en los artículos 21 y 30 a esta clase de servicios.

Los participantes jóvenes deberán ser dados de baja de los servicios de atención especializada que recibe la clientela privilegiada en el plazo de tres días hábiles desde la entrada en vigor del presente real decreto. Se modifica el artículo 2, al que se añade un apartado 7, con la siguiente redacción:.

Se modifica el apartado 1 del artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:. El operador abonará los premios por el procedimiento y medios de pago que hubiera establecido en las reglas particulares del juego y pondrá a disposición de los participantes el abono de los premios por el mismo medio que aquellos hubieran empleado para el pago de la participación en el juego, salvo que las normas o condiciones aplicadas por el correspondiente medio de pago no le permitieran realizar el abono.

En estos supuestos, el operador deberá informar a los participantes de las limitaciones que, en relación con el abono de los premios, afecten al medio de pago empleado.

En todo caso, y sea cual fuere el medio empleado para el abono de los premios, este no podrá suponer ningún coste u obligación adicional para el participante premiado. En aquellos juegos en los que se exija un control en la verificación de los usuarios, cuando la diferencia entre la participación y el premio obtenido sea superior a los cinco mil euros, el operador remitirá un mensaje ofreciendo al participante de forma expresa la posibilidad de solicitar la transferencia del importe del premio a través de alguno de los medios de pago que dicho operador hubiera establecido en las reglas particulares del juego.

En aquellos casos en que la inscripción provenga de los registros autonómicos en los términos previstos en el artículo 62, deberá constar también en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego información sobre la comunidad autónoma que remite la solicitud.

El apartado 3 del artículo 57 queda redactado en los siguientes términos:. Será además practicada de oficio la inscripción de los datos que procedan de los registros de similar objeto que se lleven por las distintas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias sobre juego que hayan suscrito con la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal un convenio de los previstos en el artículo Las inscripciones practicadas de oficio provenientes de los registros de similar objeto de las comunidades autónomas con las que se haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 61, cuya redacción pasa a ser la siguiente:.

El interesado inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, la comunidad autónoma con la que haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo A estos efectos, la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal requerirá la información que considere necesaria para acreditar el hecho o circunstancia que motivara el cambio de los datos y practicará de oficio las modificaciones que sean precisas en el Registro.

La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal acordará de oficio la cancelación de los datos inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego cumplido el período de vigencia de la inscripción al que se refiere el artículo 60 o tras la comunicación señalada en el apartado 4 de ese mismo precepto.

Salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, la cancelación de las inscripciones se practicará tras la instrucción del procedimiento de cancelación correspondiente que podrá ser iniciado a instancia del interesado inscrito o, en su caso, del tercero que solicitara la inscripción o del órgano judicial que la ordenase.

En el procedimiento de cancelación iniciado a instancias del interesado inscrito, se dará audiencia al tercero que solicitase la inscripción. La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal resolverá motivadamente sobre la procedencia de la cancelación de las autorizaciones en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro correspondiente.

Transcurridos los plazos señalados referidos en el párrafo anterior sin que se hubiera dictado y notificado la resolución expresa sobre la cancelación, ésta se entenderá estimada por silencio.

La cancelación de las inscripciones practicadas por resolución judicial no podrá ser instada por la persona inscrita. La cancelación de las inscripciones remitidas por una comunidad autónoma con la que haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, en el marco que se fije por el Consejo de Políticas de Juego, alcanzará convenios con las distintas comunidades autónomas para la determinación del procedimiento de inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de los datos contenidos en los registros autonómicos, la agilización de los procesos de comunicación de datos y, en su caso, la interconexión de los registros de interdicciones de acceso al juego.

A estos efectos, la inscripción, modificación o cancelación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de los datos contenidos en los registros autonómicos, se articulará de conformidad con lo que se disponga en los mencionados convenios.

La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, en el marco referido en el apartado 1 y con la frecuencia que a estos efectos se determine, dará traslado a los órganos competentes en materia de juego de las comunidades autónomas de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones practicadas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

En virtud de ellas, fueron plenamente competentes en materia de juegos de azar y apuestas, con la excepción señalada de las Apuestas Mutuas-Deportivo Benéficas. En , el constituyente no estableció nada respecto de la competencia estatal en materia de juego de suerte, envite y azar, facilitando con ello, en razón de lo esta- blecido en el artículo En el cuadro 1 se refleja tanto el artículo de los Estatutos de Autonomía corres- pondientes en los que establece la competencia exclusiva como el RD de transferen- cia y la ley de juego autonómico que la desarrolla.

de diciembre uno. Fuente: Elaboración propia. Se caracteriza sobre todo por la conflictividad con el Estado. Durante estos 20 años las Comunidades Autónomas se dedican a regular de forma minuciosa hasta los más irrelevantes aspectos del juego características de las máquinas, nuevos juegos que incorporan a su catálogo, prohibiciones varias, etc.

Se genera un nuevo contexto y parecen repetirse algunos males, a los que hay que sumar la citada desterri- torialización: se deja que la implantación del juego on-line se realice libre- mente sin que ningún nivel territorial se atreva a enfrentarse a su regula- ción, posiblemente como consecuencia del desgaste producido por la conflictividad de la primera etapa.

Durante estos años la Comisión Nacional del Juego siguió desarrollando sus fun- ciones de gestión y mantuvo la competencia exclusiva a favor del Estado respecto de los territorios de las restantes Comunidades Autónomas mientras éstas no reclama- ran su competencia exclusiva.

Asimismo, se creó una Comisión Sectorial integrada por el Estado y las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva para coordi- nar la política pública en estos territorios7.

En , la Comisión Sectorial se transformó en Conferencia Sectorial8 con el objeto de que fuese el órgano de coordinación y control entre todas las comunidades autónomas. Su fracaso en los primeros años fue espectacular, dado el grado de con- frontación provocado por el distinto desarrollo e implementación de unas políticas públicas que en cada Comunidad Autónoma resultaron ser muy diferentes de las de- seadas por el Estado.

Solo se reunió una vez en los tres primeros años y fue con mo- tivo de su sesión de constitución González Gómez, La respuesta no es fácil ni mucho menos puede ser clara, porque precisamente en este terreno discutido es donde, desde hace 20 años, ha transcurrido el debate y las batallas entre las Comunidades Autóno- mas y la administración central.

Este conflicto ha conducido a situaciones graves y paralizantes que pretenden hoy ser solucionadas in extremis por la Ley de Regulación del Juego. El debate se ha originado por una posición de partida de las Comunidades Autó- nomas, inamovible ya, que reclamaron que se entendiera que la competencia exclu- siva era absolutamente excluyente y, por consiguiente, el Estado nada tenía que dis- poner en materia de juego, excepto para la Lotería Nacional y las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas9.

Las compe- 89 GAPP. La zona de conflicto se amplió cuando el Estado, por razones diversas, fue to- mando decisiones en materias de su competencia, pero que incidían, de un modo u otro, en el terreno del juego de azar. Podemos citar como ejemplo la fijación de las bases y coordinación de actividad económica general, la Hacienda General, el orden público, etc.

La falta de normas, instrumentos, organizaciones e instalaciones ha provocado un verdadero galimatías y frecuentemente una situación caótica en la aplicación de la política pública y no solo en la materia de juego.

No es este el lugar ni el momento para realizar una crítica sobre el deficiente funcionamiento y coordinación de las ad- ministraciones públicas, resultado inevitable de un diseño autonómico muy superfi- ESTUDIOS cial como es el contenido en el Título VIII de la Constitución Española.

tencias exclusivas. Siguiendo a José Ramón Romero , indudablemente uno de los princi- pales expertos jurídicos sobre el juego de azar entre los que desarrollan su trabajo profesional en España, se pueden señalar las diversas materias que necesariamente deberían ser objeto de coordinación y que al no serlo han causado las discrepancias y el caos actual.

Existen comunidades autónomas que se nie- gan a ofrecer sus datos lo que impide tener un conocimiento perfecto de realidad a nivel estatal. en relación con el artículo Hasta aquí he tratado de demostrar, basándome en los textos citados, la reali- dad que se nos ofrece.

Son las administraciones públicas las que han ido siempre a remolque en las medidas a adoptar incluso, lo que no deja de ser llamativo, en las de contenidos fiscal. Es verdad que se ha legislado mucho y se ha producido una inter- minable serie de normas que ocupan más de 3.

De modo que desembocamos en lo que Freddi califica como ingo- bernabilidad. Además, tan incansable actividad normativa no significa que exista un criterio preciso que conduzca a desarrollar por cada gobierno competente una políti- ca pública sobre el juego de azar.

Baste, por ejemplo, señalar que no se ha producido ninguna norma relativa a la prevención de la ludopatía La última muestra de ir a remolque la constituye la iniciativa gubernamental de presentar el Proyecto de Ley de Regulación del Juego a las Cortes Generales La potestad principal de las Comunidades Autónomas se refleja al asumir la res- ponsabilidad de la organización —y por lo tanto del control— de los juegos de azar.

Asimismo, tienen importancia capital todos los aspectos relacionados con los ingresos públicos. Por ello, se han creado nuevos juegos, tipo loterías y, se han fijado recargos fiscales. Superior de Baleares. Los sistemas de financia- ción subnacional combinan, en distintas proporciones, recursos procedentes de diversas fuentes entre las que se incluyen tributos propios de los gobiernos subnacionales, participación en tributos asignados a niveles superiores de gobierno, transferencias o subvenciones de naturaleza intergubernamental, ingre- sos patrimoniales, así como recursos procedentes de la emisión de deuda o la suscripción de créditos.

La 92 naturaleza de las distintas fuentes, su diseño concreto y el peso relativo de las mismas dentro del sistema GAPP. Porque, como ya se ha indicado, la conflictividad versa sobre las competencias básicas para las comunidades autónomas puesto que de ella se derivan ingresos y en el olvido de la realidad palmaria al no darse cuenta del nuevo aspecto que significa la no territo- rialidad del juego que contiene ofertas cada vez más atrayentes, tanto para las nue- vas generaciones —que dominan la tecnología informática— como incluso para las per- sonas de mayor edad que, aunque en porcentaje mucho más reducido, van incorporándose a este conocimiento y proveedor.

La no territorialidad lleva consigo la no presencia física del jugador y obliga a modificar de modo importante toda la normativa existente hasta el momento, tanto en lo que se refiere a las características técnicas del material del juego para ser homo- logado como lo relativo al estatuto del jugador minoría de edad, registro de prohibi- dos, etc.

Resulta aconsejable, pues, que en este momento nos refiramos más deta- lladamente al juego por internet. JUEGO ON-LINE En se inicia el juego por internet. La entidad Internet Casino Inc.

ofreció a partir del 18 de agosto de ese año 18 juegos de casino diferentes, así como el acceso on-line a la National Indian Lottery, según relata Carlos Lalanda En la ac- tualidad existen miles de páginas web dedicadas al juego.

De igual manera que hay personajes dentro del ocio mediático que tienen identidad social propia, aunque nunca han existido es el caso del Doctor House o Antonio Alcántara de la serie Cuéntame , estamos asistien- do a un primer escenario en el que el juego digital se separe de la realidad y genere realidades desconocidas hasta el momento presente: ¿Nuevas experiencias de ocio?

El juego de azar por Internet se ha visto, y se verá aún más, bene- ficiado por el cambio en la conducta de los consumidores, quienes han ido modifican- do sus patrones de comportamiento, y de gasto, ante las diversas circunstancias sociales y económicas.

La nueva tendencia es quedarse en casa en lugar de salir, ya que los consumidores buscan ahorrar dinero y tiempo, en su ocio y entretenimiento, en desplazamientos y otros gastos añadidos. A su vez, el Parlamento Europeo, en Resolución aprobada el 10 de marzo de sobre la integridad de los juegos de azar en línea, invita a los estados a contro- lar, supervisar y si fuera preciso limitar los servicios del juego de azar La realidad, una vez más, ha atropellado al regulador y al legislador.

No ha habi- do respuestas adecuadas a la rapidísima implantación y posterior expansión del jue- go on-line15 ni a los nuevos aspectos que presentan juegos nominalmente iguales a los autorizados hasta el momento pero que resultan ser diferentes: inseguridad acerca de los actores jugadores, empresarios , inseguridad acerca de las reglas del juego participación, pago de premios , llamadas o sms por teléfono cuyo precio es por sí mismo una apuesta, etc.

Igualmente, la utilización de medios telemáticos tales como teléfono, televisión, Internet, etc. significa que los parámetros jurídicos por los que el juego presencial se rige, resultan ser muy distintos e inaplicables. Aspectos como el lugar en el que se supo- ne se formaliza el contrato de juego, o cuándo el jugador presta su consentimiento, o qué jurisdicción es la competente, etc.

En España, diez años más tarde de la aparición del juego por internet, por Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de julio de BOE de 6 de agosto se autorizó a LAE Loterías y Apuestas del Estado a comercializar sus juegos16 por este canal, lo que tiene como novedad que no se requiere la utilización de elementos estancados como son los billetes de lotería sino que se valida la compra por lo tanto el contrato y se obtiene la justificación de haberlo hecho todo electrónicamente.

Nos encontramos, pues, ante una cierta desregularización consentida Andrés Alvez, , Esta tole- rancia —parte de una política pública de Pan y Circo— ha causado notables perjuicios por competencia desleal no sólo a las empresas españolas que explotan juegos pre- senciales, sino a otras muchas tecnológicas que no se han atrevido a utilizar Internet y otros medios telemáticos sin previa autorización, como exige la vigente legislación televisiones, compañías telefónicas, etc.

Con la publicidad ilegal por no autorizada asombro- samente consentida durante mucho tiempo tanto por los ejecutivos autonómicos ESTUDIOS como por el gobierno central se ha puesto en claro que el interés a proteger por las políticas públicas, caso que éstas hubiesen sido coherentes, no es, ahora, ni la pro- tección de la infancia ¿cuántos miles de niños llevan puestas las camisetas de sus ídolos que publicitan las apuestas on-line?

ni los intereses fiscales del Estado y de las comunidades autónomas, ya que estas compañías actúan en Es- 95 GAPP. certifica que las apuestas por Internet son legales en su país… y Vd.

certifica que aquí la compañía de la que se trate no es responsable de la precisión de la información que Vd. Con ello arribamos a la última iniciativa que es la Ley de Regulación del Juego que como es patente, queda fuera del objeto de este artículo. En algunos casos ha sido una normativa importada, y en la que resulta ser autóctona ha ido gestándose y conformándose de acuerdo con la experiencia adquirida y acumulada.

Así se reconoce en varias exposiciones de motivos de diferentes normas que no hacen más que subrayar que la acción legislativa ha ido siem- pre a remolque de la realidad.

Al cabo de una década de la despenalización del juego, en determinado momen- to y a causa de la transferencia de las competencias con carácter exclusivo del juego a las Comunidades del artículo , apareció la conflictividad como elemento determi- nante.

Finalmente, en los últimos años, la entrada en el escenario de los equipos de fútbol ha servido de caballo de Troya de las grandes multinacionales de apuestas a cuyos inte- reses ha acabado plegándose el legislador Cases y G.

Gusano, coords. Pamplona: Thomson-Aranzadi. Andrés Alvez, R. Palomar, dir. Madrid: Thomson-Aranzadi. Arnaldo Alcubilla, E. Rodríguez Rodríguez y E.

Arnaldo, dirs. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. Bañón, R. Ramos, J. y Tamayo, M. Alba y F. Vanaclocha, El sistema político local: Un nuevo escenario de gobierno. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.

Caillois, R. La máscara del miedo. México D. Cases, J. Pamplona: Thom- son-Aranzandi. Castro Moreno, A. Cruz Ayuso, C. Cuencia y M. Izaguirre, eds. Bilbao: Universidad de Deusto. Dye, T. New Jersey: Prentice Hall. Farre i Morell, A. Las competencias exclusivas. Madrid: Loyra.

Fernández Allés, J. Cádiz: Universidad de Cádiz. Freddi, G. Roma: La Nuova Italia Scientifica. García Rodríguez, J. El escándalo que precipitó el final de la II República.

Astorga: Akrón. Gomá, R. y Subirats, J. Barcelona: Ariel. González Gómez, A. López Nieto, coord. Madrid: Dykinson. Gusano Serrano, G. Cuenca y M. Iglesias Díaz, J. Lalanda, C. Landrove Díaz, G. Lindblom, C. Madrid: INAP.

López Maza, S. Pamplona: Aranzadi. López Nieto, L. Meny, Y. y Thoenig, J. Ortega Álvarez, L. Madrid: CEC. Palomar Olmeda, A.

Política de juegos de azar y apuestas - Ayuda de Authorized Buyers

Similarly, several documentary records of thirteen different bran Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica REALA.

La prevención, la intervención y la reparación en el sector del juego se convierten en basamentos sobre los que se vienen trazando los bocetos de nuevas normas, que en conjunto se prevé que ofrezcan un escenario de armonía en un ámbito cada día más complejo. Nuevos modelos de juegos y apuestas, el uso de medios tecnológicos y la proliferación de establecimientos en los que se desarrollan, han llevado a que desde enero de la Junta de Extremadura comenzase un proceso intenso de adaptación de las normas sobre el sector, tarea que se fundamenta en principios de juego responsable.

La delimitación de qué se entiende por juego responsable, así como de la adopción de medidas de ordenación de las políticas de juego responsable darán protagonismo a las nuevas directrices normativas. Una labor que ha comenzado y requiere un arduo esfuerzo por parte de todos los agentes del sector en la que el papel de las Administraciones públicas se dibuja esencial.

Antes, durante y después de la puesta en marcha de cada juego y de las distintas modalidades de apuestas se activarán las funciones de una Administración autonómica que orientará su actuación hacia objetivos de prevención y protección de los grupos vulnerables, en definitiva, de responsabilidad.

New gaming and betting models, the use of technological means and the increase in the number of gambling premises have led the Regional Government of Extremadura to begin an intense process of adapting the regulations on the sector in January , a task that is based on the principles of responsible gambling.

The delimitation of what is understood by responsible gambling, as well as the adoption of management measures for responsible gambling policies are the main features of the new regulations.

A task that has begun and requires an arduous effort on the part of all the agents in the sector in which the role of the public administrations is essential; before, during and after each game and bet, the autonomous administration must act responsibly with the objectives of prevention and protection of vulnerable groups.

Gerardo Munck. Viola Bruschi. Manuel Luna. VALERIA RAMIREZ. tinashe nyagweta. Bianca Antunes. Patrice Delafontaine. Vasily Astratov. Mentor Hoxha. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences. Saru Gahatraj. Dariusz Kasprzak. raquel alves. Nikita Golovko.

Sharun W. Raquel Pereira Coelho. Toyin Aniagwu. Po-Hao chang. Sayeed Al-Zaman. Anett Tőzsér. Kalayou Kidanu.

sylvain thouvenot. Jennifer Bain. Pallavi Sharma. International Journal of Engineering Trends and Technology. Ziyad Almajali. Faruk Abubakar. Sanjay Jaju. See More Documents Like This. Log in with Facebook Log in with Google. Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

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Download Free PDF View PDF. La evolución de la fiscalidad sobre el juego privado en Andalucía. La casuística de los juegos de azar y de los espectáculos públicos en el Siglo de Oro.

Juegos de azar en España, XVIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- REDES and IV Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC Caja de Juegos. El azar como estrategia proyectual. La imposición sobre el juego en México: aportaciones desde la experiencia española.

El Juego de Cañas en España. La tentación del azar. El juego en la Nueva España durante las reformas Borbónicas. Revista Mexicana de Sociología Teoría de los juegos y política comparada: nuevas perspectivas y viejas preocupaciones. Revista Gestión y Análisis de Políticas Públicas Nueva Época, nº 6, julio-diciembre , pp.

es Resumen Tras 35 años de juego autorizado en España, en mayo de ha entrado en vigor la Ley de Regulación de Jue- go. En un estudio explicativo de las transformaciones que han abocado a la aparición de este nuevo marco le- gislativo, el autor, tras examinar la trayectoria histórica de la regulación del juego de azar y analizar la comple- jidad del escenario actual, sostiene la tesis de que las políticas públicas en la materia han sido temerosas e insuficientes porque, pretendiendo defender valores morales, en realidad aspiraban a preservar los intereses recaudatorios.

Esto ha llevado, en definitiva, a que la Hacienda Pública dejara de recaudar los impues- tos y tasas que esta nueva actividad debería haber devengado. Palabras clave Juegos de azar, Historia del juego, impuestos sobre el juego, competencia desleal, internet, autoridad regula- dora.

The articles examines the consequences of this failure: the entry into Spain of unregulated operators, the emer- gence of new and strong collateral interests and unfair competition with licensed operating companies of physical gaming establishments.

ESTUDIOS Keywords Gaming chance, History of Gaming, gaming taxes, unfair competition, internet, regulatory authority. Javier Redondo por la ayuda prestada. Por- que hay que tener en cuenta que este proyecto es el primer texto con este mismo rango que la democracia promulga después de más de treinta años desde que la prác- tica del juego de azar quedara parcialmente autorizada.

Asimismo pretende identificar y ubicar a los actores que han participado en la regulación y enumerar las sucesivas etapas por las que ha transcurrido la acción gubernamental, tanto estatal como autonómica.

Es de- cir, queremos analizar y desarrollar la agenda institucional; o, en otras palabras Ta- mayo Sáez, , determinar cuál es el poder y la capacidad de presión de los grupos de interés; cuáles son los sesgos culturales, el peso de la tradición y las actitudes y valores de los decisores públicos en el ámbito que nos ocupa.

La urgencia en la tramitación del Proyecto de Ley de Regulación del Juego viene señalada en la amplia exposición de motivos del mismo2. Durante muchos años, el régimen jurídico del juego ha sufrido pocos cambios.

Sin embargo, recientemente, como consecuencia de la citada irrupción de las apuestas y juegos a través de internet y al verse superados los límites territoriales de las relaciones comerciales tradicionales, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha seña- lado la necesidad de establecer una oferta dimensionada de juego.

En paralelo a este proceso de cambio, han aparecido nuevos operadores en el mercado del juego para los que la normativa vigente no ofrece una respuesta regulatoria adecuada.

La carencia de los instrumentos normativos adecuados para dar respuesta ESTUDIOS a los interrogantes creados ante la nueva situación del mercado, ha generado en el sector del juego la nece- sidad de establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a operadores y par- ticipantes en los diferentes juegos, sin olvidar la imprescindible protección de los menores de edad, de aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participación, así como la protección del orden público y la prevención de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los tres restantes son: los de 76 competición Agón , los de representación Mimicry y los de vértigo Ilinx. Nueva Época, nº 6, julio-diciembre , pp. Además, a pesar de alcanzar ésta una extensión difícilmente superable, los poderes públicos han sido in- capaces de regular con eficacia las actividades que las nuevas tecnologías permiten y se han limitado a repetir o reproducir, de forma más o menos machacona, los pará- metros que se habían establecido en febrero de , cuando la situación política y tecnológica era muy diferente.

En suma, no se atisba coherencia alguna sino puro mecanismo de reproducción normativa, lo cual no tiene nada que ver con el verdadero sentido de regular, medir o ajustar algo, o sea, poner en orden. Se pregun- taba entonces el editorialista —nótese que hablamos de — cómo se iban a regular las ventas de loterías y apuestas en España cuando se vendiesen en nuestro país las de otros miembros de la Unión Europea.

O, más aún, cuando ocurriera algo parecido pero por una oferta interna en el mercado nacional. He recogido este testimonio, hecho público hace aproximadamente 17 años, por dos razones principales: por un lado, porque vio la luz justo a la mitad de los 35 años que llevamos en España con el juego de azar permitido y ya entonces parecía que la legislación aplicable no daba mucho más y, en segundo lugar, porque rápidamente se constató que pese a que se esgrimieron todo tipo de razones éticas y morales y que todavía hoy salieron a la luz en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Regulación del Juego , el verdadero leit motiv de la normativa era de tipo fiscal y cla- ramente recaudatorio.

En otro lugar he señala- do, de acuerdo con la opinión de Dye , que el proceso de formulación, ejecución y puesta en práctica de las decisiones que el gobierno adopta respecto de un tema concreto en nuestro caso, evidentemente, el juego de azar comporta, asimismo, la decisión de no hacer algo o de hacerlo parcialmente.

El hecho de no intervenir implica adoptar una posición concreta y clara, por mucho que se justifi- que poniendo sobre el tapete —nunca mejor dicho— razones que expliquen la inacti- vidad gubernamental.

En pocas palabras, la inacción tiene tantas consecuencias como la acción. Y, en este caso, la inacción ha tenido efectos perversos sobre el sistema. Le siguió el Ordenamiento de Tafurerías casas de juego de , la disposición de don Alonso, en Madrid, en , y el Ordenamiento de Alcalá de , que en su artículo 31 de la Ley I prohibía el juego de dados y tablas a dinero y sobre prendas a los militares durante la guerra y en servicio.

Durante seiscientos años la percepción peyorativa del juego se ha mantenido constante. En cierto modo, lo aquí dispuesto se ha mante- nido hasta el vigente Código Civil, en los artículos que van desde el al , tal como señala López Maza Gran parte de los monarcas españoles tomaron medidas relativas al juego de azar, lo que da buena medida de la importantica de la actividad.

El rey Juan II dictó normas en Zamora, en , sobre el monopolio del juego en los pueblos que tenían por privilegios las rentas de los tableros; en , los Reyes Católicos recordaron las leyes prohibitivas que, por medio de la Pragmática dictada en Granada en , las desarrollaron estableciendo el procedimiento de ejecución por parte de los jueces de las penas que recaían sobre los juegos prohibidos y sobre los arrendadores de tableros.

En , en Burgos, el rey Fernando y su hija doña Juana promulgaron una Prag- mática sobre la prohibición de fabricar y vender dados y de jugar con ellos. Posterior- mente, el emperador ratificó dicha Pragmática.

Asimismo, Juana, junto con su hijo Carlos el emperador Carlos V, que reinó en España con el título de Carlos I , estable- cieron en la prohibición de jugar a crédito y fiado, y la nulidad de la obligación que contra esto se hiciere.

Se le llamó Lotería Primitiva o Lotería de Números muchos años más tarde, cuando se introdujo su versión moderna, en , no faltaron referencias his- tóricas a estos sus orígenes.

El sucesor de Carlos III, Carlos IV, firmó la Real Orden de 6 de abril de , que, en el mismo sentido de muchas anteriores, prohibía el juego de la lotería de cartones en los cafés y casas públicas en este caso, precedente remoto, como señala José Ramón Romero, del juego del bingo 4.

Finalmente, en , para ayudar a sufragar los gastos de la Guerra de la Indepen- dencia, el Ministro del Consejo y Cámara de Indias, González Carbajal, proyectó intro- ducir en España una lotería de billetes como la que ya existía en Nueva España.

Las Cortes de Cádiz aprobaron su propuesta el 23 de noviembre de , El primer sorteo se celebró el 4 de marzo de Es la Lotería Nacional o Lotería Moderna.

Así pues, el juego de azar, tanto por razones sociales como morales, ha provoca- do el rechazo de los gobernantes y de la sociedad española en general, al mismo tiempo que ha obligado a los monarcas a regularlo.

Ya hemos señalado cómo desde Alfonso X el Sabio los sucesivos reyes hicieron saber, a través de numerosas disposi- ciones, cuál era su percepción acerca de la práctica de los juegos de azar y ordenaron, por lo tanto, su persecución.

Esta larga tradición de percepción negativa del juego logró calar en la cultura política de la sociedad española hasta bien entrado el siglo XX. Debido a esta visión normativa prohibicionista, la opinión pública contemplaba el juego como contenedor y origen de disfunciones importantes, tanto externas, que se derivaban de la prohibi- ción de la actividad y por tanto eran la causa de ilegalidad y delito, como internas, porque también era percibido como un elemento que socavaba los valores morales de la sociedad y conducía a la adicción ludopatía.

Por eso no puede extrañarnos que en tiempos mucho más próximos el general ESTUDIOS Primo de Rivera fuera quien decidiera incriminar la actividad del juego de azar, prohi- 4 Todos los datos recopilados en este apartado provienen de la intervención de José Ramón Ro- mero en el Seminario sobre El Juego de Azar y la Sociedad Española, celebrado durante los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, en julio de Para ello utilizó el texto del Código Penal de , de corta vida, ya que fue anulado por la República, que restauró el de , surgido de nuestra Glo- riosa.

No obstante, de hecho, Primo de Rivera no alteró sustancialmente el estado de cosas, ya que en , un año antes de su llegada al poder, se cerraron 2. La Segunda República Española y el régimen del general Franco durante el cual rige el Código penal de , texto revisado de y texto refundido de mantu- vieron la prohibición, a pesar de varios intentos en sentido contrario.

Su origen se halla en el soborno a varios funcionarios por parte de tres empresarios, uno de ellos apellidado Strauss y el otro Perl —de ahí el nom- bre con el que se conoció el escándalo-. Los empresarios se beneficiaron de la instala- ción de unas ruletas trucadas en el Casino de San Sebastián y en el Hotel Formentor Mallorca.

Esta ruleta estaba controlada mecánicamente de tal forma que la banca se aseguraba las peripecias de la bola y en definitiva el resultado del juego. Este RDL apareció con una finalidad primordial: atemperar el régi- men establecido por los artículos y del Código penal y permitir la práctica de los juegos de casino, así como del bingo y de las máquinas recreativas, que ya habían alcanzado por la vía de los hechos consumado una importante extensión en todo el país.

En suma, el rechazo social y las consecuencias indeseables personales y familia- res eran los motivos esgrimidos para su antigua prohibición. La prohibición tenía una 81 GAPP. No obstante, siendo todo esto cierto, no es toda la verdad.

En otras palabras, los nuevos tiempos traen consigo nuevas costumbres y aunque pervive el interés social de proteger a los miembros de la comunidad de los peligros que una actividad nociva comportan, no por ello debe dejar de contemplarse la no menos importante defensa y fomento de los sistemas fiscales.

Esta variable, la recaudatoria, va a marcar el devenir de la regulación del juego en España. El RDL de eliminó la penalización existente, sustituyéndola por la autoriza- ción administrativa previa a favor de los juegos de casino, así como el del bingo y las máquinas recreativas, reservándose el Estado el establecimiento de las reglas que, a través de los poderes públicos, iban a marcar el campo permisivo del juego de azar.

A partir de ese momento febrero de , en las políticas públicas desarrolla- das por los gobiernos tanto del Estado como los autonómicos han ido siempre de la mano las razones morales y los criterios —o quizás, mejor dicho, necesidades— fiscales del Estado, decantándose finalmente, con el paso de los años, en favor de estos últi- mos las acciones gubernamentales.

Ello ha conducido a un curioso cambio de orien- tación de las políticas públicas que ha pasado de la coerción y obligatoriedad primiti- va, señalando mediante la coacción una obligada conducta Vallés, , a mantener un statu quo tendente a una tutela formal pero no real del juego de azar.

La plasmación más reciente de esta visión es ley que acaba de tramitarse en las Cortes Generales y que justifica estas páginas.

ESTUDIOS 3. Históricamente, el Estado explotaba las loterías primitiva y moderna así como las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas.

De las primeras, y concretamente sobre su creación, ya hemos hablado y no es necesario detenerse en la importancia que la lo- 82 tería ha alcanzado en España.

Por su parte, las apuestas deportivas, y en principio la GAPP. En otro plano se sitúa el cupón de la Organización Nacional de Ciegos de España ONCE.

En el preámbulo del Acuerdo General firmado entre el Gobierno y la ONCE, que data de , se declara que el peso de la financiación de esta última recae fun- damentalmente sobre los recursos provenientes del cupón pro-ciegos, calificado como una modalidad de la Lotería del Estado explotada por una Corporación de De- recho Público con carácter social.

Además de estos juegos públicos, como ya se ha indicado, a partir de se permitieron los que se dio en llamar juegos privados, que realmente eran juegos de azar permitidos con gestión privada. El bingo es el segundo juego autorizado.

En líneas generales, existen porque en la actualidad hay CCAA que establecen nuevas subdivisiones tres clases principales de máquinas: las simplemen- te recreativas, o de tipo A, que ya estaban autorizadas , que no dan ningún premio en metálico, ni en especie, ni en puntos canjeables por objetos o dinero, es decir, son simplemente de puro entretenimiento.

Por ejemplo las denominadas flipper. En se- gundo lugar, las máquinas recreativas con premio programado, o de tipo B las cono- cidas como tragaperras.

Por último, las de casino o azar tipo C. En esta clase el premio depende únicamente del azar. ESTUDIOS 4. Por tanto, no se habían contemplado una serie de problemas existentes en ese momento debido a la falta de experiencia regulatoria de la Administración en esta materia y también por la gran evolución pro- ducida en el sector del juego desde un primer instante.

Entre las disposiciones que se adoptaron se encuentra la modificación de la composición y competencias de la Co- misión Nacional del Juego, adscribiéndola al Ministerio del Interior existía a este res- pecto una laguna legal, porque cuando fue creada no se había adscrito a ningún Mi- nisterio.

La presidía el subsecretario de Interior y la componían 11 vocales representantes de los ministerios de Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Socia- les, Educción y Cultura e Interior. El secretario general técnico de este último depar- tamento ejercía como secretario.

El ingente trabajo de autorizaciones y homologaciones aconsejó crear un órga- no de apoyo a la Comisión, pues por el carácter intermitente de sus reuniones se precisaba de un equipo que preparase la documentación, despachara los asuntos que no requiriesen de aprobación de la Comisión y ejecutase los acuerdos de ésta.

Este régimen de organización llega hasta nuestros días, si bien, como se ha subrayado, el Ministerio ha perdido prácticamente todas sus competencias transferi- das en bloque a las Comunidades Autónomas. Las Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo de la Constitución tuvieron la posibilidad de asumir aquellas materias que no habían sido ESTUDIOS atribuidas expresamente al Estado.

Por esta razón, los cuatro primeros Estatutos Ca- taluña, País Vasco, Galicia y Andalucía se atribuyeron la competencia sobre casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas-Deportivas Benéficas.

Ya sabemos que la Comunidad Valenciana y las Islas Canarias lograron, a pesar de acceder a la autonomía por la vía del artículo , obtener competencias comple- 85 GAPP. En virtud de ellas, fueron plenamente competentes en materia de juegos de azar y apuestas, con la excepción señalada de las Apuestas Mutuas-Deportivo Benéficas.

En , el constituyente no estableció nada respecto de la competencia estatal en materia de juego de suerte, envite y azar, facilitando con ello, en razón de lo esta- blecido en el artículo En el cuadro 1 se refleja tanto el artículo de los Estatutos de Autonomía corres- pondientes en los que establece la competencia exclusiva como el RD de transferen- cia y la ley de juego autonómico que la desarrolla.

de diciembre uno. Fuente: Elaboración propia. Se caracteriza sobre todo por la conflictividad con el Estado. Durante estos 20 años las Comunidades Autónomas se dedican a regular de forma minuciosa hasta los más irrelevantes aspectos del juego características de las máquinas, nuevos juegos que incorporan a su catálogo, prohibiciones varias, etc.

Se genera un nuevo contexto y parecen repetirse algunos males, a los que hay que sumar la citada desterri- torialización: se deja que la implantación del juego on-line se realice libre- mente sin que ningún nivel territorial se atreva a enfrentarse a su regula- ción, posiblemente como consecuencia del desgaste producido por la conflictividad de la primera etapa.

Durante estos años la Comisión Nacional del Juego siguió desarrollando sus fun- ciones de gestión y mantuvo la competencia exclusiva a favor del Estado respecto de los territorios de las restantes Comunidades Autónomas mientras éstas no reclama- ran su competencia exclusiva. Asimismo, se creó una Comisión Sectorial integrada por el Estado y las Comunidades Autónomas con competencia exclusiva para coordi- nar la política pública en estos territorios7.

En , la Comisión Sectorial se transformó en Conferencia Sectorial8 con el objeto de que fuese el órgano de coordinación y control entre todas las comunidades autónomas. Su fracaso en los primeros años fue espectacular, dado el grado de con- frontación provocado por el distinto desarrollo e implementación de unas políticas públicas que en cada Comunidad Autónoma resultaron ser muy diferentes de las de- seadas por el Estado.

Solo se reunió una vez en los tres primeros años y fue con mo- tivo de su sesión de constitución González Gómez, La respuesta no es fácil ni mucho menos puede ser clara, porque precisamente en este terreno discutido es donde, desde hace 20 años, ha transcurrido el debate y las batallas entre las Comunidades Autóno- mas y la administración central.

Este conflicto ha conducido a situaciones graves y paralizantes que pretenden hoy ser solucionadas in extremis por la Ley de Regulación del Juego. El debate se ha originado por una posición de partida de las Comunidades Autó- nomas, inamovible ya, que reclamaron que se entendiera que la competencia exclu- siva era absolutamente excluyente y, por consiguiente, el Estado nada tenía que dis- poner en materia de juego, excepto para la Lotería Nacional y las Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas9.

Las compe- 89 GAPP. La zona de conflicto se amplió cuando el Estado, por razones diversas, fue to- mando decisiones en materias de su competencia, pero que incidían, de un modo u otro, en el terreno del juego de azar.

Podemos citar como ejemplo la fijación de las bases y coordinación de actividad económica general, la Hacienda General, el orden público, etc. La falta de normas, instrumentos, organizaciones e instalaciones ha provocado un verdadero galimatías y frecuentemente una situación caótica en la aplicación de la política pública y no solo en la materia de juego.

No es este el lugar ni el momento para realizar una crítica sobre el deficiente funcionamiento y coordinación de las ad- ministraciones públicas, resultado inevitable de un diseño autonómico muy superfi- ESTUDIOS cial como es el contenido en el Título VIII de la Constitución Española.

tencias exclusivas. Siguiendo a José Ramón Romero , indudablemente uno de los princi- pales expertos jurídicos sobre el juego de azar entre los que desarrollan su trabajo profesional en España, se pueden señalar las diversas materias que necesariamente deberían ser objeto de coordinación y que al no serlo han causado las discrepancias y el caos actual.

Existen comunidades autónomas que se nie- gan a ofrecer sus datos lo que impide tener un conocimiento perfecto de realidad a nivel estatal.

en relación con el artículo Hasta aquí he tratado de demostrar, basándome en los textos citados, la reali- dad que se nos ofrece.

Son las administraciones públicas las que han ido siempre a remolque en las medidas a adoptar incluso, lo que no deja de ser llamativo, en las de contenidos fiscal. Es verdad que se ha legislado mucho y se ha producido una inter- minable serie de normas que ocupan más de 3.

De modo que desembocamos en lo que Freddi califica como ingo- bernabilidad. Además, tan incansable actividad normativa no significa que exista un criterio preciso que conduzca a desarrollar por cada gobierno competente una políti- ca pública sobre el juego de azar. Baste, por ejemplo, señalar que no se ha producido ninguna norma relativa a la prevención de la ludopatía La última muestra de ir a remolque la constituye la iniciativa gubernamental de presentar el Proyecto de Ley de Regulación del Juego a las Cortes Generales La potestad principal de las Comunidades Autónomas se refleja al asumir la res- ponsabilidad de la organización —y por lo tanto del control— de los juegos de azar.

Asimismo, tienen importancia capital todos los aspectos relacionados con los ingresos públicos. Por ello, se han creado nuevos juegos, tipo loterías y, se han fijado recargos fiscales.

Superior de Baleares. Los sistemas de financia- ción subnacional combinan, en distintas proporciones, recursos procedentes de diversas fuentes entre las que se incluyen tributos propios de los gobiernos subnacionales, participación en tributos asignados a niveles superiores de gobierno, transferencias o subvenciones de naturaleza intergubernamental, ingre- sos patrimoniales, así como recursos procedentes de la emisión de deuda o la suscripción de créditos.

La 92 naturaleza de las distintas fuentes, su diseño concreto y el peso relativo de las mismas dentro del sistema GAPP. Porque, como ya se ha indicado, la conflictividad versa sobre las competencias básicas para las comunidades autónomas puesto que de ella se derivan ingresos y en el olvido de la realidad palmaria al no darse cuenta del nuevo aspecto que significa la no territo- rialidad del juego que contiene ofertas cada vez más atrayentes, tanto para las nue- vas generaciones —que dominan la tecnología informática— como incluso para las per- sonas de mayor edad que, aunque en porcentaje mucho más reducido, van incorporándose a este conocimiento y proveedor.

La no territorialidad lleva consigo la no presencia física del jugador y obliga a modificar de modo importante toda la normativa existente hasta el momento, tanto en lo que se refiere a las características técnicas del material del juego para ser homo- logado como lo relativo al estatuto del jugador minoría de edad, registro de prohibi- dos, etc.

Resulta aconsejable, pues, que en este momento nos refiramos más deta- lladamente al juego por internet. JUEGO ON-LINE En se inicia el juego por internet. La entidad Internet Casino Inc. La información contenida en esta sección estará disponible para su descarga y contendrá, además, enlaces directos a las páginas web o aplicaciones desde las que pueda accederse a la información reflejada en esta sección.

Bajo la denominación «Juego autorizado», de forma claramente visible y separada de la sección denominada «Juego más seguro», los operadores incluirán en sus portales o aplicaciones un acceso directo a información relativa a las licencias o autorizaciones de las que sean titulares, incluyendo un vínculo a la web oficial de la autoridad encargada de la regulación del juego.

Sin perjuicio de lo anterior, en los portales web y aplicaciones del operador deberá, igualmente, ser visible y claramente identificable:. Al objeto de garantizar la uniformidad, claridad y comprensión de las obligaciones de información previstas en este artículo, la autoridad encargada de la regulación del juego aprobará, mediante resolución, la configuración de los iconos correspondientes y los enlaces que, en su caso, deben relacionarse con los mismos.

Los operadores habilitarán un servicio telefónico de atención a su clientela a través del cual se prestará información y asistencia en materia de juego seguro. Este servicio, que se prestará al menos en castellano, no podrá ser susceptible de tarificación adicional.

Además, en dicho servicio se informará adecuadamente, como mínimo, de:. Este servicio se prestará directamente por el operador, individualmente o en conjunción con otros operadores, o a través de terceros, previo el oportuno acuerdo firmado al efecto.

Los acuerdos que, en su caso, se suscriban deberán ser comunicados a la autoridad encargada de la regulación del juego dentro del mes siguiente a su firma. El número de teléfono será visible, como mínimo, en la sección sobre juego seguro de la página principal del operador.

El personal responsable de la atención de este servicio deberá recibir formación específica en materia de juego seguro, así como, en caso de prestar servicio para varios operadores conjuntamente, estar familiarizado con el plan de medidas activas y las políticas de juego seguro de cada uno de ellos.

La persona responsable del juego seguro deberá garantizar que el diseño y puesta en práctica de medidas dirigidas a su clientela privilegiada resultan compatibles con la política de juego seguro del operador. En todo caso, previo a la inclusión de una persona usuaria en el servicio de atención especializada que se otorga a su clientela privilegiada, el operador deberá realizar una evaluación individualizada dirigida a determinar la presencia de indicios de comportamientos de riesgo, en cuyo caso no podrá recibir tal atención.

Queda prohibido que los participantes jóvenes reciban los servicios de atención especializada dirigida a la clientela privilegiada de un operador. En el plazo máximo de veinticuatro horas desde que se haya efectuado el registro en la plataforma de juego de un operador, la persona usuaria deberá recibir un mensaje en el que se incluya información sobre las características y la naturaleza de los juegos de azar a su disposición, sobre los riesgos asociados a la actividad de juego y sobre las políticas de juego seguro que mantiene el operador.

En todos los juegos comercializados por un operador bajo su licencia general de «Otros juegos», se implementará una configuración de la sesión de juego que se ajustará a lo que dispone este precepto. Por sus especiales características estructurales, queda excluido de las previsiones de este precepto el juego de póquer torneo.

Además, la autoridad encargada de la regulación del juego podrá excluir de las previsiones de este precepto, en atención a sus características estructurales, a ciertos juegos o establecer, para otros, reglas específicas sobre la sesión de juego. La persona participante, antes de iniciar la sesión de juego bajo la licencia general de «Otros juegos», deberá establecer el tiempo máximo que está dispuesto a emplear y la cantidad máxima en que está dispuesto a minorar su cuenta de juego a lo largo de dicha sesión.

Esta determinación deberá realizarse expresamente cada vez que se acceda a una nueva sesión, sin que se puedan predeterminar por defecto estos valores ni guardar los establecidos en sesiones anteriores.

En la configuración de la sesión, la persona participante podrá, además, restringir temporalmente su acceso a una sesión futura, para el supuesto de que la actual finalice automáticamente como consecuencia del agotamiento de alguno de los límites establecidos en este apartado.

La configuración de la sesión no podrá ser modificada durante el transcurso de la misma. No obstante, dicha sesión podrá finalizarse con anterioridad al cumplimiento de los términos anteriormente citados.

Agotado el tiempo o la cantidad máxima a minorar de la cuenta durante la sesión de juego, ésta finalizará automáticamente, produciéndose la desconexión de la actividad de juego una vez finalicen las partidas, manos o tiradas en curso, incluyendo en su caso las evoluciones metamórficas que se hubieran producido.

El operador deberá habilitar los mecanismos necesarios para no permitir el inicio de nuevas partidas, manos o tiradas desde que finalice la sesión de juego. En todo caso, el operador de juego deberá anticipar al participante la proximidad del cumplimiento de los límites predeterminados en la configuración previa de la sesión, a fin de que dicho participante pueda realizar, si así lo desea, un cierre ordenado de la misma.

El operador podrá, con carácter voluntario, habilitar los mecanismos oportunos para que, una vez finalizada la sesión de juego, se produzca la desconexión de la actividad de juego antes de la terminación de las partidas, manos o tiradas en curso, siempre y cuando se garantice el desarrollo automático de aquellas hasta su conclusión y, en su caso, el abono del importe de los premios obtenidos.

Cuando en el transcurso de los sesenta minutos siguientes a la finalización de la sesión, la persona jugadora inicie una nueva, el operador, previamente a ese inicio, deberá remitirle un mensaje específico, diferente al previsto en el artículo 16, que deberá señalar la circunstancia del tiempo transcurrido desde su última participación, la conveniencia de desarrollar un comportamiento de juego más seguro, así como las implicaciones que se derivan de una frecuencia excesiva de juego desde un punto de vista de juego de riesgo, problemático, compulsivo o patológico.

Además, en ese mensaje específico se incluirá un vínculo que permita el redireccionamiento a la sección prevista en el artículo 9. La cantidad de dinero que una misma persona puede dedicar a su participación en apuestas en directo no podrá exceder del importe del saldo que esa persona tenga en su cuenta de juego en el momento en que se inicie el evento en el que se realizarán las apuestas.

Si durante el transcurso del evento en que se estén realizando apuestas, esa persona ingresa en su cuenta de juego alguna cantidad adicional, proveniente exclusivamente de los premios ganados como consecuencia de las apuestas realizadas en directo sobre ese evento, este importe ingresado podrá dedicarse también a la realización de nuevas apuestas en directo en ese mismo evento.

En el caso de que una persona realice apuestas en directo combinadas sobre dos o más eventos que se celebren simultáneamente, el límite de las cantidades que esta persona puede dedicar a las apuestas será el importe del saldo que ésta tenga en su cuenta de juego en el momento en que se inicia el primero de los eventos sobre los que se apuesta.

Si durante el transcurso de los eventos en que se estén realizando apuestas combinadas, la persona ingresa en su cuenta de juego alguna cantidad adicional, proveniente exclusivamente de los premios ganados como consecuencia de las apuestas combinadas realizadas en directo sobre esos eventos, este importe podrá dedicarse también a la realización de nuevas apuestas en directo en esos mismos eventos.

En los casos en los que, una vez iniciado el evento sobre el que realizar apuestas, el participante se registre como usuario en un operador, se entenderá que el importe del saldo de libre disposición de la cuenta de juego es cero.

La persona jugadora, antes de iniciar la sesión de juego, deberá establecer el tiempo máximo que está dispuesto a emplear y la cantidad máxima en que está dispuesto a minorar su cuenta de juego a lo largo de dicha sesión.

En la configuración de la sesión, la persona jugadora podrá, además, restringir temporalmente su acceso a una sesión futura, para el supuesto de que la actual finalice automáticamente como consecuencia del agotamiento de alguno de los límites establecidos en este apartado.

La configuración de la sesión de juego no podrá ser modificada durante el transcurso de la misma. Agotado el tiempo o la cantidad máxima a minorar de su cuenta durante la sesión de juego, ésta concluirá de forma automática, produciéndose la desconexión de la actividad de juego de la persona una vez finalice el revelado de sus participaciones en curso.

El operador deberá habilitar los mecanismos necesarios para no permitir la adquisición de nuevas participaciones una vez que finalice automáticamente la sesión de juego. En todo caso, el operador de juego deberá anticipar al participante la proximidad del cumplimiento de los límites predeterminados en la configuración previa de la sesión de juego, a fin de que dicha persona pueda realizar, si así lo desea, un cierre ordenado de la misma.

El operador podrá, con carácter voluntario, habilitar los mecanismos oportunos para que, una vez finalizada la sesión de juego, se produzca la desconexión de la actividad de juego antes de la terminación del revelado de las participaciones en curso, siempre y cuando se garantice el desarrollo automático de dichas participaciones hasta su conclusión y, en su caso, el abono del importe de los premios obtenidos.

Cuando en el transcurso de los sesenta minutos siguientes a la finalización de la sesión de juego de lotería instantánea o presorteada, la persona participante inicie una nueva sesión, el operador, previamente a ese inicio, deberá remitir a ésta un mensaje específico, diferente al previsto en el artículo 16, que deberá señalar la circunstancia del tiempo transcurrido desde su última participación, la conveniencia de desarrollar un comportamiento de juego más seguro, así como las implicaciones que se derivan de una frecuencia excesiva de juego desde un punto de vista de juego de riesgo, problemático, compulsivo o patológico.

Durante la sesión de juego, la persona usuaria deberá recibir, al menos una vez cada sesenta minutos, mensajes informativos periódicos de lectura obligatoria para poder continuar jugando.

Estos mensajes contendrán información objetiva relativa a su conducta de juego durante la sesión, como por ejemplo el tiempo jugado, las cantidades apostadas o las pérdidas netas producidas, y en ningún caso juicios de valor del operador sobre dicha conducta.

La presentación de los resultados en cualquier juego deberá realizarse de un modo claro y veraz. Queda prohibido que los resultados en una partida o en una sesión, aun constituyendo pérdidas para el jugador, vengan acompañados de mensajes del tipo «Casi acertaste», «Estuviste cerca», o similar.

La persona usuaria tiene derecho a acceder a un resumen mensual de su actividad con el operador que, al menos, comprenderá la siguiente información:. Los operadores de juego deberán remitir de forma periódica y, como mínimo, cada tres meses, un mensaje en el que se traslade a los participantes la posibilidad de acceder a la información prevista en el apartado 1.

El operador, como plazo límite a las 24 horas del día siguiente a aquel en que la persona jugadora reúna la condición de participante con un comportamiento de juego intensivo, deberá remitir un mensaje informativo específico y diferenciado, que ponga en su conocimiento la concurrencia de esta circunstancia.

El mensaje se remitirá por correo electrónico o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la comunicación efectuada. Ese mensaje, que se formulará en términos tales que sean comprensibles para un consumidor medio, contendrá información sobre la relación de la persona participante con el juego, y deberá comprender, al menos, datos tales como el importe medio de depósitos, el tiempo de conexión, las pérdidas acumuladas, así como cualquier otro que el operador, en atención a la concreta circunstancia de esa persona, pueda estimar relevante a fin de permitirle tener un mejor autoconocimiento de su conducta de juego.

Aquellas personas que reúnan la condición de participantes con comportamientos de juego intensivo deberán recibir el resumen mensual de actividad previsto en el artículo 18, bien mediante la utilización de correo electrónico o cualquier otro medio que permita dejar constancia de la comunicación efectuada.

En cualquier caso, el resumen de actividad deberá remitirse dentro de los primeros cinco días correspondientes al mes siguiente a aquel en el que la persona haya adquirido la condición de participante con comportamientos de juego intensivo, tendrá una periodicidad mensual y se mantendrá, al menos, hasta el mes siguiente a aquel en que haya dejado de reunir esa condición.

Las personas participantes con comportamientos de juego intensivo no podrán depositar fondos utilizando tarjetas de crédito. Esta medida se activará dentro de las primeras 72 horas correspondientes a la semana siguiente a aquella en la que estos participantes hayan adquirido la condición de participantes con comportamientos de juego intensivo.

El mensaje a nuevos jugadores previsto en el artículo 12 deberá incluir una referencia específica a los riesgos asociados a la actividad de juego de los participantes jóvenes, tales como, entre otros, que el inicio en esta actividad a edades tempranas aumenta las probabilidades de surgimiento de un trastorno de juego o es un indicador del grado de severidad de dicho trastorno en caso de que se acabe manifestando.

Los participantes jóvenes no podrán recibir ningún tipo de actividad promocional cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la plataforma del operador. Los operadores deberán establecer mecanismos y protocolos que permitan detectar los comportamientos de riesgo de las personas usuarias registradas.

Se tendrán en cuenta a estos efectos criterios o indicadores objetivos que revelen patrones de actividad como, por ejemplo, el volumen, la frecuencia y la variabilidad de las participaciones o los depósitos, sin perjuicio de otros elementos cuantitativos o cualitativos que puedan asimismo resultar relevantes de acuerdo con la mecánica de los distintos juegos o con la experiencia del operador.

El tratamiento de los datos personales de las personas jugadoras que resulte de aplicar los mecanismos y protocolos previstos en este apartado sólo tendrá por finalidad la detección de personas que incurran en un comportamiento de riesgo y la aplicación de las medidas contenidas en este artículo.

Antes del 31 de enero de cada año, el operador deberá comunicar a la autoridad encargada de la regulación del juego la versión actualizada de la descripción básica de los mecanismos y protocolos implementados que permitan detectar los comportamientos de riesgo, el protocolo de actuación en el caso de detección de dichos comportamientos, el número total de personas con comportamiento de riesgo detectadas durante el año anterior con arreglo a los mecanismos establecidos, así como de las acciones realizadas y el seguimiento y efecto de las mismas.

La autoridad encargada de la regulación del juego podrá desarrollar, mediante resolución, los concretos mecanismos para la detección de comportamientos de riesgo, así como el contenido de los protocolos que los operadores y, en su caso, la propia autoridad, deban adoptar hacia estas personas, una vez detectados tales comportamientos.

Detectada una persona que ha desarrollado un comportamiento de riesgo, y sin perjuicio de otras posibles medidas adoptadas por el operador y que deberán estar contempladas en un protocolo de actuación, entre las cuales podrá incluirse la potestad de resolver la relación contractual establecida con estos participantes, el operador adoptará en todo caso las medidas establecidas en los artículos 26 a En el supuesto de que, conforme a los mecanismos y protocolos establecidos por el operador, un jugador deje de estar catalogado como incurso en comportamientos de riesgo, esta circunstancia deberá serle comunicada expresamente.

Las medidas previstas en los artículos 26 a 30 se activarán, como plazo límite, a las 24 horas del día siguiente a aquel en que la persona jugadora haya sido catalogada como incursa en un comportamiento de juego de riesgo. Las medidas previstas en los artículos 19 a 21 se suspenderán o no se activarán cuando una persona participante con un comportamiento de juego intensivo haya adquirido la consideración de participante incurso en comportamiento de juego de riesgo.

Tras la categorización de una persona como incursa en comportamientos de riesgo, el equipo de juego responsable del operador lo pondrá en su conocimiento, por correo electrónico o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la comunicación efectuada.

El mensaje contendrá, además de una referencia específica a su catalogación como participante con un comportamiento de juego de riesgo, información relativa a sus participaciones y gasto en el período reciente que determine el operador y a la posible existencia, en su caso, de cambios en sus patrones de conducta de juego o de gasto, así como la recomendación de consultar las herramientas de control de actividad de juego y gasto existentes en la plataforma del operador, incluyendo la autoexclusión y la autoprohibición, e información relativa a las medidas recogidas en los artículos 27 a Asimismo, se deberá informar a la persona afectada de las medidas añadidas de protección incluidas en esta sección, con la finalidad de que conozca íntegramente su situación de juego durante su catalogación como jugador incurso en comportamientos de riesgo.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona catalogada como incursa en comportamientos de riesgo podrá formular la correspondiente queja o reclamación frente a dicha catalogación en los términos previstos en el apartado 1.

A fin de que la interacción pueda considerarse efectivamente producida, el operador, por cualquier medio que permita su ulterior verificación, deberá recabar una respuesta activa de la persona jugadora, sin que para ello sean suficientes los mensajes automatizados de confirmación de lectura desde su correo electrónico u otros mecanismos similares.

En caso de que no se consiga establecer esa interacción en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que el operador haya remitido la comunicación, este deberá suspender la relación de juego con la persona participante, impidiéndole participar en actividades de juego, hasta que aquella se haya producido.

La interacción con la persona jugadora se mantendrá durante el tiempo en que esta sea considerada como incursa en comportamientos de riesgo, de acuerdo con una periodicidad razonable y ponderada por el propio operador.

Las personas que hayan sido catalogadas como participantes con comportamientos de juego de riesgo no podrán recibir ninguna clase de actividad promocional. Queda prohibido que los operadores ofrezcan a una persona incursa en comportamientos de juego de riesgo los servicios de atención especializada que dirigen a su clientela privilegiada.

Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, incluyendo las comunicaciones comerciales sobre las actividades promocionales, a aquellas personas que hayan sido catalogadas como incursas en comportamientos de juego de riesgo.

Las personas incursas en comportamientos de juego de riesgo solo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad. En caso de que no pueda acreditarse la titularidad de los medios de pago empleados en el plazo previsto en el artículo 25, el operador deberá dirigirse a la persona jugadora para que sea ésta la que acredite tal titularidad en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la finalización del previsto en el anterior precepto.

La falta de acreditación supondrá la prohibición de uso de dicho medio de pago, hasta que esta acreditación se produzca. Las personas participantes incursas en comportamientos de juego de riesgo no podrán depositar fondos utilizando tarjetas de crédito.

Cuando se ponga de manifiesto al operador la inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de alguna persona jugadora con registro de usuario activo, el operador procederá a la suspensión de su cuenta de juego y le comunicará las consecuencias asociadas a dicha suspensión previstas en los apartados 2, 3 y 4.

Mientras dure la suspensión, la persona con registro de usuario no podrá realizar depósitos ni participaciones. Durante la suspensión de la cuenta de juego, la persona inscrita en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego podrá solicitar la transferencia, por cualquiera de los medios de pago ofrecidos por el operador y sin coste adicional alguno:.

Cancelada la inscripción de una persona en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, previa solicitud de la misma y envío del mensaje del artículo 34, el operador podrá alzar la suspensión de la cuenta de juego y permitir su participación en los juegos.

Sin perjuicio de la facultad de autoprohibición, el operador pondrá a disposición de las personas jugadoras la posibilidad de autoexcluirse, lo que comportará la suspensión temporal de su cuenta de juego, sin posibilidad de hacer depósitos o participaciones, y cuantas otras consecuencias determine el operador, en su caso, en el contrato de juego.

La autoexclusión, que será efectiva en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se complete la solicitud e irrevocable durante el plazo señalado por el participante, se articulará de acuerdo con las siguientes reglas:. En caso de que este hubiese señalado un plazo superior a seis meses de conformidad con el modelo de autoexclusión determinado por el operador y articulado de acuerdo con las reglas previstas en este precepto, la solicitud podrá revocarse por el interesado transcurrido dicho periodo.

Una vez hecha efectiva la autoexclusión, la persona jugadora solo podrá acceder a su cuenta de juego para retirar el saldo de su cuenta y de los premios ganados durante la suspensión de la cuenta de juego a consecuencia de participaciones en el juego realizadas con anterioridad a dicha suspensión.

Queda prohibido el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, incluyendo las comunicaciones comerciales sobre las actividades promocionales y el disfrute de las mismas, a aquellas personas participantes que hayan hecho uso de las facultades de autoprohibición o autoexclusión.

Esta medida dejará de aplicarse desde el día siguiente a aquel en que estas personas dejen de estar inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego o dejen de estar autoexcluidas. Los operadores deberán remitir un mensaje específico dirigido a aquellas personas que, habiéndose inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y una vez finalizado el periodo mínimo de permanencia en dicho registro, se han dado de baja en el mismo y deciden volver a jugar activando de nuevo las cuentas de juego que hubieran tenido con anterioridad a la mencionada inscripción.

El mensaje deberá incluir, al menos, una referencia expresa a su antigua situación de alta en ese registro, así como a los riesgos asociados a la actividad de juego y sobre las políticas de juego responsable o seguro que mantiene el operador.

En aquellos casos en los que el operador disponga de un registro de datos descriptivos del comportamiento de la persona jugadora con anterioridad a su inscripción en el Registro, tales como pérdidas acumuladas, tiempos de conexión, reclamaciones presentadas, y cualesquiera otros que por su naturaleza permitan a esta persona un mejor conocimiento de su anterior conducta de juego, estos serán presentados en el mencionado mensaje.

En aquellos casos en que estas personas jugadoras hubiesen sido catalogadas como participantes con un comportamiento de juego intensivo o de riesgo, también se trasladará esta información. Los operadores deberán desarrollar procedimientos internos destinados específicamente al seguimiento y detección de posibles intentos de sus personas jugadoras inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de volver a jugar suplantando la identidad de otra persona jugadora.

A los efectos de la detección de este fraude, deberán realizar, entre otras medidas, comprobaciones y cruces periódicos de la información que tengan de esos jugadores. En caso de que como resultado de esta actividad de comprobación surgiesen coincidencias con alguna persona jugadora en activo, el operador deberá suspender la cuenta de juego de esa persona hasta comprobar su identidad mediante una verificación documental específica.

Todos los operadores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto deberán adherirse a los sistemas de prevención del riesgo de suplantación de identidad que la autoridad encargada de la regulación del juego ponga a su disposición. A los efectos de promover o abordar estudios estadísticos en materia de juego seguro y patrones de juego, la autoridad encargada de la regulación del juego podrá requerir la colaboración del operador para comunicar a las personas registradas la existencia de cuestionarios sobre su experiencia y hábitos de juego, así como para facilitar el acceso a los mismos.

La respuesta del jugador será en todo caso voluntaria y anónima. El operador podrá comunicar a la autoridad encargada de la regulación del juego la decisión de abordar estudios sobre juego seguro, por sí mismo o en conjunción con otros operadores o entidades, así como su resultado final, a los efectos de que sean difundidos públicamente a través de sus medios web.

En el supuesto de que el operador comercialice su actividad en virtud de su título habilitante estatal también a través de establecimientos abiertos al público o de equipos que permitan la participación en esos juegos de ámbito estatal, incluyendo los operadores designados para la comercialización de los juegos de loterías, en los mismos deberá estar claramente visible la prohibición de jugar de menores de edad y autoprohibidos.

Las obligaciones de formación previstas en el artículo 8 de este real decreto serán igualmente aplicables a todo el personal que preste sus servicios en el canal presencial del operador.

La autoridad encargada de la regulación del juego podrá determinar un modelo de evaluación de riesgo de los juegos de un operador que se comercialicen a través de su canal presencial.

A los operadores que, de manera exclusiva, desarrollen una actividad de juego que no esté sometida a identificación de usuario y con cuenta de juego les resultarán de aplicación los artículos 5, 6, 7, 9 y 10 del presente real decreto.

En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, todos los juegos comercializados por operadores de juego con anterioridad a dicha entrada en vigor deberán adaptarse a las previsiones contenidas en el artículo La autoridad encargada de la regulación del juego analizará las posibilidades técnicas de identificación de las tarjetas de crédito utilizadas en servicios de monedero electrónico con la finalidad de extender o adecuar, en su caso, las previsiones contenidas en los artículos 21 y 30 a esta clase de servicios.

Los participantes jóvenes deberán ser dados de baja de los servicios de atención especializada que recibe la clientela privilegiada en el plazo de tres días hábiles desde la entrada en vigor del presente real decreto.

Se modifica el artículo 2, al que se añade un apartado 7, con la siguiente redacción:. Se modifica el apartado 1 del artículo 38, que pasa a tener la siguiente redacción:.

El operador abonará los premios por el procedimiento y medios de pago que hubiera establecido en las reglas particulares del juego y pondrá a disposición de los participantes el abono de los premios por el mismo medio que aquellos hubieran empleado para el pago de la participación en el juego, salvo que las normas o condiciones aplicadas por el correspondiente medio de pago no le permitieran realizar el abono.

En estos supuestos, el operador deberá informar a los participantes de las limitaciones que, en relación con el abono de los premios, afecten al medio de pago empleado. En todo caso, y sea cual fuere el medio empleado para el abono de los premios, este no podrá suponer ningún coste u obligación adicional para el participante premiado.

En aquellos juegos en los que se exija un control en la verificación de los usuarios, cuando la diferencia entre la participación y el premio obtenido sea superior a los cinco mil euros, el operador remitirá un mensaje ofreciendo al participante de forma expresa la posibilidad de solicitar la transferencia del importe del premio a través de alguno de los medios de pago que dicho operador hubiera establecido en las reglas particulares del juego.

En aquellos casos en que la inscripción provenga de los registros autonómicos en los términos previstos en el artículo 62, deberá constar también en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego información sobre la comunidad autónoma que remite la solicitud.

El apartado 3 del artículo 57 queda redactado en los siguientes términos:. Será además practicada de oficio la inscripción de los datos que procedan de los registros de similar objeto que se lleven por las distintas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias sobre juego que hayan suscrito con la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal un convenio de los previstos en el artículo Las inscripciones practicadas de oficio provenientes de los registros de similar objeto de las comunidades autónomas con las que se haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 61, cuya redacción pasa a ser la siguiente:.

El interesado inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, la comunidad autónoma con la que haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo A estos efectos, la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal requerirá la información que considere necesaria para acreditar el hecho o circunstancia que motivara el cambio de los datos y practicará de oficio las modificaciones que sean precisas en el Registro.

La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal acordará de oficio la cancelación de los datos inscritos en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego cumplido el período de vigencia de la inscripción al que se refiere el artículo 60 o tras la comunicación señalada en el apartado 4 de ese mismo precepto.

Salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado anterior, la cancelación de las inscripciones se practicará tras la instrucción del procedimiento de cancelación correspondiente que podrá ser iniciado a instancia del interesado inscrito o, en su caso, del tercero que solicitara la inscripción o del órgano judicial que la ordenase.

En el procedimiento de cancelación iniciado a instancias del interesado inscrito, se dará audiencia al tercero que solicitase la inscripción.

La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal resolverá motivadamente sobre la procedencia de la cancelación de las autorizaciones en el plazo de seis meses contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro correspondiente.

Transcurridos los plazos señalados referidos en el párrafo anterior sin que se hubiera dictado y notificado la resolución expresa sobre la cancelación, ésta se entenderá estimada por silencio. La cancelación de las inscripciones practicadas por resolución judicial no podrá ser instada por la persona inscrita.

La cancelación de las inscripciones remitidas por una comunidad autónoma con la que haya suscrito un convenio de los previstos en el artículo La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, en el marco que se fije por el Consejo de Políticas de Juego, alcanzará convenios con las distintas comunidades autónomas para la determinación del procedimiento de inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de los datos contenidos en los registros autonómicos, la agilización de los procesos de comunicación de datos y, en su caso, la interconexión de los registros de interdicciones de acceso al juego.

A estos efectos, la inscripción, modificación o cancelación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego de los datos contenidos en los registros autonómicos, se articulará de conformidad con lo que se disponga en los mencionados convenios.

La autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, en el marco referido en el apartado 1 y con la frecuencia que a estos efectos se determine, dará traslado a los órganos competentes en materia de juego de las comunidades autónomas de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones practicadas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Asimismo, los órganos competentes en materia de juego de las comunidades autónomas, de acuerdo con el marco referido en el apartado 1, darán traslado a la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal, con la frecuencia que a estos efectos se determine, de las inscripciones, modificaciones y cancelaciones practicadas en sus registros autonómicos correspondientes.

En estos casos, la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal ajustará el procedimiento de inscripción, modificación o cancelación en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego a lo dispuesto en el apartado 1 de este precepto. Los datos comunicados entre la autoridad encargada de la regulación del juego de ámbito estatal y las comunidades autónomas con competencias en la materia que hayan suscrito un convenio de los previstos en el apartado 1, darán lugar a la práctica de oficio y sin coste para el solicitante de la correspondiente inscripción en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.

Se modifica el apartado 1 del artículo 63, que pasa a tener la siguiente redacción:. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 24, la autoridad encargada de la regulación del juego desarrollará un mecanismo de detección de comportamientos de riesgo que será utilizado por todos los operadores en los términos que determine dicha autoridad.

A estos efectos, la autoridad encargada de la regulación del juego podrá suscribir convenios con entidades del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de acceder a datos sobre personas que, habiendo sido diagnosticadas con un trastorno asociado a su conducta de juego, al mismo tiempo hayan tenido abierta una cuenta de juego online con algún operador de juego regulado.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Consumo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y la ejecución de lo dispuesto en este real decreto.

Este real decreto se dicta en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado previstas en las reglas 6. ª, ª del apartado 1 del artículo de la Constitución Española.

El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», con excepción de:. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Ir a contenido Consultar el diario oficial BOE. Puede seleccionar otro idioma: Castellano es es Castellano ca Català gl Galego eu Euskara va Valencià en English fr Français.

Diarios Oficiales BOE BORME Otros diarios oficiales Información Jurídica Todo el Derecho Biblioteca Jurídica Digital Otros servicios Notificaciones Edictos judiciales Portal de subastas Anunciantes.

Está Vd. Ver texto consolidado Publicado en: « BOE » núm. Sección: I. II Este real decreto consta de un preámbulo, treinta y cinco artículos agrupados en tres capítulos, diez disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Consumo, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de , DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Artículo 4. Tratamientos de datos personales. CAPÍTULO II Políticas activas de información y protección de las personas consumidoras Artículo 5.

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Author: Akinosida

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